El problema del acceso a la vivienda empieza a exigir soluciones creativas. Cierto es que, en el contexto actual, pocas iniciativas parecen tener el potencial suficiente para desencadenar una bajada de precios inmediata sin que el mercado se resienta de una manera global. En este ... contexto, lo que parece claro es que hay que ir sentando las bases para generar una mayor oferta a medio y largo plazo que contribuya a esa desinflamación del coste residencial. Y ahí es donde entra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que aprobó el pasado jueves de manera inicial el Pleno del Ayuntamiento de Murcia, con la intención de realizar algunos «ajustes técnicos».
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Varias son las cuestiones que aborda la modificación aprobada por la Corporación durante la sesión plenaria del pasado jueves, pero, sin duda, la que presenta una mayor trascendencia es aquella que busca incrementar el suelo destinado a uso residencial, aunque en este caso, bajo unas condiciones muy concretas. Y es que no se trata de poner suelo a disposición de los promotores para la edificación y venta de vivienda libre y, ni siquiera, de protección oficial, sino la de favorecer proyectos destinados a 'alojamientos dotacionales' o, lo que es lo mismo, a una oferta de alquiler con precios asequibles o inferiores a los de mercado.
Se contribuiría, así, precisamente a la creación de un parque de viviendas de alquiler con precios protegidos, prácticamente inexistente en estos momentos en el municipio de Murcia. Hay que aclarar que no se trataría en este caso de viviendas sociales de propiedad y gestión pública, como las radicadas en los barrios del Infante, Los Rosales de El Palmar o el Espíritu Santo de Espinardo, sino de inmuebles desarrollados fundamentalmente a través de la colaboración público-privada y que explotaría en régimen de alquiler su promotor, pero con condiciones que favorezcan ese carácter social y el acceso de ciertos colectivos como el de los jóvenes.
Se trata, por tanto, de favorecer y profundizar en iniciativas como la de las 450 viviendas impulsadas recientemente dentro del Plan Murcia Crece, que incluye nueve promociones financiadas en parte gracias a los fondos 'Next Generation', pero que también cuentan con inversión municipal -que se ocupará directamente de tres promociones- y privada. En este caso, las viviendas oscilarán entre los 430 y 580 euros de alquiler al mes. El modelo que se busca especialmente impulsar, según expone el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro Corchón, es aquel por el cual los promotores privados reciben una cesión del uso del suelo público, ahorrándose el coste de adquisición, lo que les permite ajustar el alquiler de lo edificado a unos precios acordados con la Administración.
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La inversión se recuperaría, tras un largo periodo de explotación de varias décadas al final del cual las viviendas revertirían en la administración municipal, casi como lo que ocurre con los aparcamientos de concesión pública. ¿Y de dónde sale ese suelo? Pues precisamente de solares que son propiedad del Ayuntamiento y que no se podían utilizar ahora para estos fines. Y no era posible por su calificación urbanística, que es la de 'equipamientos'. El objetivo de estas parcelas es, por tanto, construir infraestructuras destinadas a uso educativo, sanitario, deportivo, cultural, social o de otro tipo. Cierto es que estas se distribuyen de manera forzosa en el planeamiento, dentro de las áreas de desarrollo residencial, dado que las grandes concentraciones de vecinos precisan ser dotadas de servicios. Pero no es menos cierto, según destaca Navarro Corchón, que el Consistorio cuenta con numerosas parcelas, en emplazamientos muy demandados, «que duermen el sueño de los justos» al encontrarse en zonas relativamente bien dotadas. De hecho, no es extraño encontrar solares de este tipo ocupados, en muchos casos, por aparcamientos, ya sean informales, como en el caso del de la calle Morera de Santiago el Mayor, o explotados -aunque sea de manera temporal- por Urbamusa, como ocurre con el de Atocha y Almirante Loaysa.
«Pretendemos dar flexibilidad a las dotaciones con el fin de abordar el problema de la vivienda», señala el concejal, condicionando, cualquier decisión concreta de este tipo a la realización de un informe de necesidades que determine si este uso es recomendable, especialmente en el caso de las dotaciones que se consideren prioritarias. Hay que aclarar que nunca podrán ocupar estas iniciativas un terreno destinado a zona verde.
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Tras su aprobación inicial, esta modificación entra ahora en fase de información pública -en la que presentar alegaciones- y de elaboración de los informes preceptivos, antes de proceder a su aprobación definitiva por el Pleno municipal. Soluciones creativas.
El edil Navarro Corchón explica que, gracias a esta modificación, los proyectos residenciales especiales también podrán aprobarse en parcelas dotacionales, pudiendo edificarse en ellas, sin un plan especial, residencias de mayores o de estudiantes. De hecho, estas últimas solo podían promoverse hasta ahora en suelo de uso educativo, siempre que existiera un convenio con una universidad. Esta modificación se inspira en lo fijado por la Ley 1/2021, de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas, que autoriza la posibilidad de destinar las parcelas para equipamientos públicos a usos dotacionales indiferenciados.
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