LA VERDAD
Miércoles, 31 de julio 2024, 14:02
Voluntarios de la iniciativa ciudadana Mirando Al Tendido han detectado en los últimos meses una elevada mortalidad de aves rapaces protegidas en tendidos eléctricos situados en el entorno de la pedanía murciana de Valladolises. Concretamente, en el mes de junio se localizaron los restos de tres búhos reales, uno de ellos anillado, y de dos cernícalos vulgares, mientras que este mes se localizaron los restos de un águila culebrera, bajo apoyos cuya titularidad correspondía aparentemente a Iberdrola. Todos los casos fueron puestos en conocimiento de los agentes medioambientales para que se iniciaran los correspondientes procedimientos de sanción.
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Según explica la asociación, el entorno de Valladolises es una zona que cuenta con numerosos antecedentes de casos de electrocución de aves protegidas y de hecho algunos tendidos ya cuentan con correcciones incompletas. En este sentido, ANSE recuerda que este ámbito es una zona de dispersión del águila perdicera (especie gravemente amenazada) y que esta zona se encuentra dentro de la ampliación del área de protección de las aves frente a la electrocución recientemente aprobada.
Por esta razón, la asociación pide a la administración regional que haga efectiva con urgencia dicha ampliación y que se exija a las compañías eléctricas la corrección de líneas completas, ya que alguna electrocución se ha producido en líneas parcialmente corregidas. Según explica ANSE, la corrección de unos postes sólo consigue el desplazamiento del problema a los postes no corregidos.
La asociación valora positivamente los recientes avances (como la ampliación de las áreas de protección) en la corrección de este grave problema de conservación para las aves de gran tamaño, pero señala que existen dificultades para conocer el resultado de las denuncias y de las peticiones de información.
Así, ANSE se encuentra a la espera desde 2020 de los datos de seguimiento de la mortalidad recopilados por los Agentes Medioambientales en el marco de la Red Electromur. Esta falta de transparencia de la Administración ambiental ha sido puesta de manifiesto por el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia que en diciembre del año pasado estimó la solicitud de ANSE e instó a que en el plazo de 15 días la Comunidad Autónoma debía entregar la información. Siete meses después, la asociación denuncia no haber recibido los datos.
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