Activistas de la PAH paralizan el tercer intento de desahucio de una vivienda en Murcia

La escena volvió a repetirse por tercera vez este miércoles a mediodía en una vivienda del barrio murciano de Ronda Sur para Alicia, una mujer de 42 años, su hija de 11 con autismo y su otro hijo de 18 años. Los tres se enfrentaban al desalojo de su casa, pero la intervención de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), y otros colectivos sociales como los Yayoflautas, logró detener in extremis el desahucio. La comisión judicial llegó a la puerta a las 12.30 horas, pero el lanzamiento fue suspendido a la espera de que el juzgado resuelva los recursos de oposición planteados por la afectada.

En el caso de Alicia, ella no figura en el contrato de alquiler. Ni en la demanda. Ni en el procedimiento. El documento lo firmó su expareja con una empresa considerada gran tenedora. Según explica, se separó de él hace más de un año y se quedó sola con sus dos hijos en la vivienda. «Él dejó de pagar sin avisarme, yo no sabía nada. Me enteré cuando me encontré un papel del juzgado en el buzón. Decía que iban a echarnos de casa», relata entre lágrimas y minutos antes de la llegada de la comisión judicial.

Desde entonces, ha vivido con miedo cada plazo judicial, cada fecha de desahucio y cada notificación. «La primera vez fue en marzo, luego el 15 de abril. Esta era la tercera. La segunda vez mi hija tuvo un ataque de ansiedad y tuvieron que atenderla los servicios sanitarios de Emergencias».

José Antonio Viudes, abogado y miembro de la PAH, explica que el proceso judicial no ha tenido en cuenta la situación de Alicia porque la demanda está dirigida contra el titular original del contrato, su expareja. «Ella no tuvo conocimiento del procedimiento hasta que la comisión judicial se presentó. No ha podido defenderse. Además, se rechazó el informe de vulnerabilidad que presentamos en julio porque, como no figura en el contrato, no se la considera parte del proceso».

Aun así, la mujer vive ahí con sus hijos desde hace más de un año. Tiene empadronamiento, recibe ayudas sociales y trabaja de forma intermitente limpiando casas y en un mesón por horas. «No tengo contrato fijo, pero estoy luchando por conseguirlo. Lo único que pido es tiempo», reclama.

La situación se agrava por la afección de su hija de 11 años, diagnosticada con autismo desde los 3. «Necesita un logopeda, pero he tenido que quitarlo porque no puedo pagarle las sesiones. Esta situación la está destrozando, ella se toma todo lo que oye de forma literal. Cuando la vez anterior en la que vinieron a desahuciarme escuchó que un policía dijo que podían quitármela, se bloqueó».

Alicia asegura que nunca le notificaron esta situación directamente porque el procedimiento se dirigió a la dirección que constaba en el DNI de su expareja, que es la dirección de sus padres, donde reside desde antes de separarse. Por eso, los plazos se han sucedido sin que ella haya podido presentar alegaciones. «No soy una persona que esté sin hacer nada en casa. Estoy intentando salir adelante», afirma con la voz quebrada. «Solo quiero quedarme en casa hasta que tenga un contrato fijo y poder pagar el alquiler. Si me echan, no tengo a dónde ir. No puedo meterme en casa de nadie», lamenta.

Según la PAH, llevan años interviniendo en casos similares, donde mujeres con hijos a su cargo se ven afectadas por desahucios iniciados contra sus exparejas. «El problema es que los juzgados no reconocen el vínculo de convivencia o maternidad si no está formalizado jurídicamente. Pero aquí hay una menor vulnerable, hay arraigo y hay informes sociales. Lo que pedimos es que se actúe con perspectiva humana y no solo con el BOE en la mano», explica Viudes.

Por ahora, el desalojo ha sido aplazado, pero la nueva fecha del cuarto intento de desalojo está fijada para el 11 de junio a las 10.30 horas.

• Temas
• Murcia
• desahucio
• Vivienda