Los exediles Vidal y Bernabé, investigados por los ruidos en Pérez Casas

La gestión del anterior equipo de gobierno municipal sigue en entredicho por varias causas abiertas en los tribunales y una de ellas, la del ruido en la calle Pérez Casas, ha puesto en la diana de los imputados a dos exconcejales de la época de Cámara: Ana Martínez Vidal (Calidad Urbana) y Juan Antonio Bernabé (Urbanismo y Vivienda), que actualmente ocupa el cargo de director adjunto del Instituto de Fomento. Ambos han sido citados a declarar en calidad de investigados el próximo 2 de junio, tras la denuncia interpuesta por la comunidad de propietarios del edificio Greco, a través del abogado José Antonio García Sánchez, a la que se adhirió luego el bloque Españoleto. Los vecinos relataban el calvario que estaban sufriendo por la concentración de una docena de bares de copas y restaurantes en el céntrico callejón.

La juez Miriam Marín, del juzgado de Instrucción nº 2 de Murcia, emitió el 29 de abril un auto en el que, además de Vidal y Bernabé, cita a declarar también como imputada a la funcionaria municipal Esperanza Rodríguez Megías, jefa del servicio administrativo de Actividades y Disciplina Ambiental. Vidal y Rodríguez Megías pidieron el sobreseimiento de las actuaciones contra ellos, pero la juez desestimó sus peticiones. El auto hace referencia en varios folios a Adela Martínez-Cachá, exconcejal de Medio Ambiente y actual consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, ya que originariamente la denuncia de los vecinos se presentó contra ella por la posible comisión de los delitos contra el medio ambiente y de prevaricación ambiental, previstos en el Código Penal. Posteriormente, la demanda se amplió contra los entonces ediles de Calidad Urbana y Urbanismo, y contra la funcionaria responsable de licencias de actividad. Martínez-Cachá, como sucede en el caso de la guardería de La Paz, no puede ser imputada por un juez ordinario por ser aforada (pertenece al Consejo de Gobierno).

Sobre Cachá, la instructora dice que «no adoptó ninguna resolución por parte de su Concejalía para proteger el medio ambiente hasta después de interponerse la denuncia».

Excesos y aglomeraciones

Los afectados se quejaban no solo de los ruidos sino de las aglomeraciones en la vía pública, de jueves a domingos, en días de fiestas (Nochebuena, Nochevieja, Bando de la Huerta y Entierro de la Sardina), y en la documentación aportada, según se cita pormenorizadamente en el reciente auto, se detalla la relación de bares, cafeterías y restaurantes, con y sin música, así como el historial de cada uno de ellos (número de mesas y sillas y ampliaciones autorizadas, si tienen licencia o no y las fechas, y los aforos autorizados). La calle Pérez Casas, recuerda la magistrada Marín, apenas tiene 10 metros de ancho y en ella funcionan una docena de locales de ocio y restauración, de jueves a domingos, permitiéndose la apertura hasta las dos de la madrugada a los bares y cafés sin cocina ni música, y hasta las cuatro a los bares y cafés con música, además de 20 minutos adicionales para el desalojo. El Ayuntamiento, según cita la juez, tenía autorizadas «más de 250 sillas».

El auto recoge, citando la documentación aportada por la Policía Local, que en 2012 los vecinos de Pérez Casas realizaron 43 llamadas al 092 por los ruidos y molestias generados por las actividades de ocio ubicadas en esta vía, como orines en las entradas de las viviendas, vómitos en la calle y suciedad, reclamando más presencia policial y presentando incluso quejas por el incumplimiento de los horarios de cierre de los locales, por la instalación de mesas y sillas, por impedir el tránsito normal de las personas, por el consumo de alcohol en la vía y los continuos gritos y molestias ocasionados. En 2012 consta que había abiertos al menos tres expedientes en el Ayuntamiento por las quejas de otra comunidad de vecinos, la del edificio Velázquez. En 2013 se recibieron por la Policía Local siete quejas y 133 llamadas por ruidos y otras molestias en la calle Pérez Casas, y en 2015 se registraron 39 llamadas por quejas por ruidos en esta vía. La Policía, tras las protestas, estableció un dispositivo preventivo de vigilancia para velar por el cumplimiento de las ordenanzas, inspeccionando horarios de cierre, número de sillas y mesas autorizadas, consumo de alcohol, producción de ruidos y vibraciones, licencias de actividad y aforos. Se asignó un Policía Local de barrio en días laborables y en festivos y de jueves a domingos se prestaron servicios a pie del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana, haciendo informes a diario de las incidencias.

Toda la documentación figura en la causa, así como la aportada por los vecinos: fotos, grabaciones de vídeo y sonométricas, informes de detectives y recortes de prensa, y la declaración judicial de Paquita Sánchez, la vecina del edificio Greco que lidera la causa contra el Ayuntamiento.

Tres testigos, entre ellos la propia Sánchez, han sido citados para el mismo día por la juez para declarar en calidad de perjudicados, y serán llamados para reconocimiento forense a fin de conocer posibles lesiones derivadas y valorar el alcance de las mismas.

«Grave problema innegable»

La magistrada dice que «resulta innegable que existe un grave problema en Pérez Casas, cuyos vecinos están soportando continuamente desde hace años unos elevados niveles de contaminación acústica, que vulneran su derecho fundamental a disfrutar de un medio ambiente adecuado, y que conllevan un grave riesgo para su salud, al impedir el descanso necesario para proteger su identidad física y psíquica, todo ello sin perjuicio del resto de las molestias derivadas también de la aglomeración de las personas que dificultan el acceso a los portales de sus viviendas, con los riesgos de seguridad que ello entraña».

En el auto, de 20 folios, figura un informe policial en el que se reconoce que hay un «un número bastante elevado de terrazas autorizadas», y un «elevado» número de locales, y un «más que considerable» número de clientes, dando lugar a grandes concentraciones de personas, y se hace constar que el tipo de calle, estrecha y con edificios de más de 10 plantas, hace un «efecto chimenea» que aumenta la sensación de ruido y acrecienta las molestias. También se recoge el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia sobre el delito de «contaminación acústica», que es el que se da cuando se traspasan los límites tolerables para el ciudadano medio recogidos en las normas, «y solo ante los ataques más intolerables será legítimo el recurso al derecho penal».

El Ministerio Fiscal, en un informe de 2014, reconoce que no se ha podido identificar e individualizar la fuente del ruido en Pérez Casas, pero la juez incide en que, «sin la necesidad de aportar más mediciones sonométricas en los domicilios de los denunciantes» dado el jaleo y el bullicio de gente, la existencia del exceso de ruido «parece no dar lugar a dudas».

La contaminación acústica que se genera en Pérez Casas, dice la magistrada Marín, «se considera de relevancia penal por ser grave y continuada en el tiempo (se denuncian ruidos desde 2012 que se siguen produciendo en la actualidad) y que pueden haber provocado lesiones a al menos tres vecinos del edificio Greco, según los partes médicos que se acompañan)».

Según el auto, se atribuye el ruido «a la masa de clientes» que acuden a los locales en su conjunto, que como tal colectividad no pueden ser sujetos activos del delito ya que el Derecho Penal requiere la individualización del autor, por ello se estima que esta situación no impediría que la imputación del hecho delictivo pudiera dirigirse frente a los poderes públicos «como responsables últimos de la emisión de esa contaminación acústica y como garantes de la protección del medio ambiente, de la calidad ambiental y de la salud» de los vecinos.

Según la juez, hay indicios de la posible comisión de los delitos de prevaricación omisiva y de contaminación acústica por omisión porque el deterioro del medio ambiente y el riesgo para la salud de los residentes «está siendo ignorado, a sabiendas, por el servicio de Actividades y la Concejalía de Urbanismo, que no adopta medidas más contundentes para restablecer la legalidad, pese a tener competencias para ello». No consta para la juez que se establecieran limitaciones de horarios -solo desde que está la nueva Corporación-, o de ocupación de vía pública, pese a las quejas, e incluso se dieron licencias para mesas a locales sin licencia de actividad.