Los seis policías locales acusados de acosar a un cabo serán absueltos

Los seis policías locales que fueron juzgados en la Audiencia Provincial de Murcia acusados de acosar a un cabo serán absueltos al haber retirado este miércoles el Ayuntamiento la acusación particular que ejercitaba contra ellos y después de que el fiscal reclamase una sentencia absolutoria.

Así lo adelantó el presidente de la sala, el magistrado José Luis García, que explicó que tras la retirada de la acusación particular y la decisión del fiscal del caso, "la sentencia está abocada a la absolución".

Lo que sí deberá debatir y decidir la sala es si, como le han pedido la acusación estatal y las defensas, condena en costas al Consistorio si, como todos ellos entienden, actuó con mala fe en este caso.

Con respecto a este tema, el fiscal, Manuel Campos, aseguró durante la exposición de su documentado informe que la acusación particular, ejercida en nombre del Ayuntamiento de Murcia y del cabo denunciante, "ha actuado con temeridad y mala fe".

Para el representante del Ministerio Público, se hizo acreedora a la imposición de las costas, reprochándole también que en la primera sesión de la vista oral, celebrada el pasado 16 de noviembre, pidiera su recusación "sin aportar siquiera ni un principio de prueba que justificara su solicitud".

Campos, lo mismo que los letrados defensores, afirmó que la cámara que fue instalada en el vestuario del cuartel de la Policía Local de Beniaján, cuyas grabaciones constituyeron la base del proceso, violó derechos fundamentales, al no contar con autorización judicial.

Además, comentó que la investigación, iniciada hace ahora nueve años, "ha estado plagada de irregularidades, para añadir que tanto la grabación como la custodia de las cintas y su regrabación no ha contado con control alguno.

Tampoco se olvidó de señalar que el visionado de las cintas lo único que revela es que se llegó a zarandear la taquilla del cabo, pero no que se forzara su cerradura o que le quitaran dinero u objeto alguno.

Para el Ministerio Público y los letrados de la defensa, este asunto no debió llegar nunca a los tribunales y, en su caso, debió ser resuelto en el seno de la propia Policía Local, cuyos mandos mantuvieron a los agentes en situación de suspensión de empleo y sueldo durante seis meses.