El juez sitúa a Cámara y a Samper a un paso del banquillo por Nueva Condomina

Miguel Ángel Cámara Botías, alcalde en funciones de Murcia, y Jesús Samper Vidal, presidente del Real Murcia, se encuentran ya a un solo escalón de sentarse en el banquillo por presuntos delitos de prevaricación e información privilegiada, en los que habrían incurrido durante la tramitación del proyecto urbanístico Nueva Condomina.

Como adelantó 'La Verdad' esta semana, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, que desde hace siete años investiga el 'caso Umbra' de supuesta corrupción, ha dictado auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, lo que equivale al procesamiento. La resolución viene a confirmar los indicios de delito que existían contra el político del PP y el máximo mandatario del Real Murcia, quien se habría visto ilegalmente favorecido por el Ayuntamiento de Murcia para sacar adelante el macroproyecto urbanístico Nueva Condomina. En concreto, el Consistorio, presuntamente a instancias de su alcalde, le habría otorgado prebendas que iban más allá de la ley, como concederle una edificabilidad del 0,63 m2/m2, muy por encima del 0,4 m2/m2 que constituía el aprovechamiento máximo permitido por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y haberle eximido de abonar a las arcas públicas el 10% de ese aprovechamiento, que es algo legalmente irrenunciable.

Además, el juez considera que existen indicios de que la directiva del Real Murcia pudo aprovecharse de información privilegiada, al haber suscrito en 1999 un protocolo secreto con Miguel Ángel Cámara, por el que éste se comprometía a impulsar un gran proyecto urbanístico con el fin de que pudieran obtenerse fondos suficientes como para llevar al club deportivo a lo más alto del fútbol profesional.

En el auto de procedimiento abreviado también han sido incluidos el exdirector de la Gerencia de Urbanismo, Pedro Morillas, y el exjefe de Planeamiento, Joaquín Peñalver, por presunta prevaricación, pues presuntamente habrían avalado con sus informes esas decisiones de apariencia ilegal que permitieron sacar adelante el convenio Nueva Condomina.

Este asunto constituye una de las cuatro piezas separadas en la que está dividido el 'caso Umbra' y es el primero en cerrarse. El juez insta a las distintas partes (Fiscalía, acusaciones particulares y populares y defensas) a que decidan si debe abrirse juicio contra los cuatro acusados y a que formulen sus escritos de acusación y defensa.