El Pleno rechaza devolver 9,3 millones por el convenio del Casino a una de las promotoras
Agrumexport, en fase de liquidación, pedía la resolución y culpaba al Consistorio del retraso en la tramitación, algo que Urbanismo niega
Manuel Madrid
Viernes, 30 de enero 2015, 00:55
El próximo mes de julio se cumplirán diez años de la firma del convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Murcia y cuatro sociedades -Agrumexport S.A., Ageco S.L., Euroland S.L. e Inveralrahu S.L.-, para la transformación urbanística de medio millón de metros cuadrados de suelo en los márgenes de la autovía A-7, entre la N-301 (carretera nacional que unía Murcia con Madrid) y el monte de Los Cuadros. Esta operación se conoce hoy como el 'convenio del Casino' y fue calificada de interés municipal. El Consistorio, a cambio de autorizar la recalificación de suelos y su posterior desarrollo -entre los usos previstos se recogían equipamientos educativos, deportivos, culturales, sanitarios, asistenciales y administrativos; parques de actividad económica; servicios, y usos residenciales «en conjuntos de baja o muy baja densidad»-, llegó a un acuerdo con las empresas firmantes para la financiación y ejecución por su cuenta de las obras de restauración del Casino de Trapería, que se valoró en 10,2 millones de euros. Con esta actuación y con el pago al Ayuntamiento de otros 6,4 millones de euros, la Gerencia de Urbanismo consideraba que esos 16,6 millones de euros -suma de las dos cantidades anteriores- completaban el valor urbanístico equivalente al exceso de edificabilidad generado por el convenio.
El foco de la Justicia está hoy encima de ese acuerdo y su posterior ejecución, ya que el convenio del Casino es uno de los que investiga desde hace más de un lustro el juez David Castillejos en el llamado 'caso Umbra', en el que está imputado por presunta prevaricación administrativa el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y toda la excúpula de Urbanismo, incluyendo al exconcejal Fernando Berberena, a exdirectores de la Gerencia y funcionarios.
Casi diez años después, el Pleno del Ayuntamiento de Murcia despachó ayer de forma discreta un asunto relacionado con este convenio. El PP y los tres partidos de la oposición -PSOE, UPyD e IU-Verdes- votaron en contra de la solicitud planteada por una de las empresas firmantes de aquella operación urbanística, Agrumexport S.A., que en noviembre de 2013 reclamó la resolución del convenio del Casino bajo el argumento de que el Ayuntamiento se había retrasado en la tramitación y aprobación de los instrumentos urbanísticos. El concejal de Urbanismo, Juan Antonio Bernabé, firmó la semana pasada la propuesta de resolución de la petición formulada en 2013 por el administrador judicial de Agrumexport, que se encuentra en concurso de acreedores desde 2012 y actualmente en fase de liquidación. La decisión del Ayuntamiento de rechazar la disolución del convenio del Casino está justificada, según explicó ayer el concejal Bernabé, «porque el Ayuntamiento ha cumplido en todo momento con la tramitación del convenio y no hay motivo para acceder a esa petición». Bernabé reveló que la cantidad que reclamaba la empresa al Ayuntamiento es «alrededor de 10 millones de euros». «Desconozco la situación actual de las empresas, pero lo cierto es que todas tienen un compromiso, y si no son esas empresas propiamente dichas, sí aquellas que adquieran esos terrenos, porque siempre llevan una carga, o asuman las responsabilidades de esas empresas. Pero todos los terrenos siguen afectados por el convenio». Preguntado por la viabilidad de esos desarrollos, Bernabé consideró que «todo va a depender de la situación económica».
Rehabilitación y avales
El concejal socialista Juan Patricio Castro explicó a 'La Verdad' que la administración concursal de Agrumexport ha reclamado unos 9,3 millones de euros, que es la suma total de lo que la mercantil considera que debe abonarle el Ayuntamiento por aportaciones económicas realizadas y por daños y perjuicios, algo que en cualquier caso niegan los servicios jurídicos municipales. El desglose de las reclamaciones es el siguiente: 4 millones corresponderían a la parte que pagó la empresa para la rehabilitación del Casino; 1,2 millones de euros pagados en metálico al Ayuntamiento -para compensar el exceso de edificabilidad-; 1,2 millones del aval correspondiente con el segundo plazo de los compromisos de pago en metálico adquiridos por los firmantes del convenio hasta completar los 6,4 millones pactados; y 435.000 euros por encargos profesionales para desarrollar los instrumentos urbanísticos. Los 2,5 millones restantes estarían relacionados con daños y perjuicios supuestamente ocasionados por los procedimientos judiciales en las altas instancias.
Castro reveló que esta sociedad planteó devolver al Ayuntamiento 43.665 metros cuadrados de suelo.
La empresa ofreció una resolución de mutuo acuerdo y la devolución por parte del Ayuntamiento de las cantidades ingresadas derivadas del convenio, así como el reintegro de los avales y los gastos ocasionados. El Ayuntamiento en Pleno ha rechazado acceder a la petición por improcedente, insiste el edil Castro, pues no es atribuible al Consistorio el incumplimiento del convenio -aún no se ha culminado la fase de gestión-, y mucho menos «que se le reclamen daños y perjuicios causados por el fracaso de la expectativa de negocio».
El Pleno rechazó, igualmente con la unanimidad de los cuatro grupos políticos, atender la petición de resolución de otro convenio urbanístico presentada por la sociedad cooperativa Parque Príncipe Murcia, que está relacionado con el anterior, ya que Parque Príncipe, según explicó Castro, tenía una participación en la sociedad Agrumexport. El hecho de que esta mercantil se encuentre en concurso de acreedores y fase de liquidación no implica la resolución del convenio, según los servicios jurídicos del Ayuntamiento, «sino que debe esperarse a la finalización de esa fase para que los adjudicatarios de los terrenos afectados por aquel deberán subrogarse en las obligaciones derivadas del mismo (principio de subrogación».
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