El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Murcia ha declarado nulo el acuerdo del Pleno del ayuntamiento de Cieza celebrado el pasado 4 de abril por el que, tras una moción de Vox que fue secundada por el PSOE y con los votos en contra del PP, se procedió a la modificación de las dedicaciones parciales o exclusivas, así como las retribuciones, de algunos concejales de la corporación. En esa sesión, cuya resolución es declarada por el juzgado «contraria a derecho», los grupos de la oposición -PSOE y Vox- se pusieron de acuerdo para retirar las dedicaciones exclusivas con sus respectivas retribuciones a las ediles del equipo de Gobierno popular María Turpín y Gertrudis Juliá, liberadas hasta ese momento a un 85 y a un 65% con un sueldo neto de 35.000 y 25.200 euros brutos anuales. Además, rebajaron el suelo del alcalde un 18%, pasando a cobrar 43.000 euros brutos al año. Por el contrario, el mismo acuerdo supuso la liberación al 100% de los concejales María Jesús López, del PSOE -actual secretaria de organización del PSRM- y de Pascual Egea, de Vox. Ambos cobraban desde entonces un sueldo bruto de 38.000 euros brutos al año.
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En la sentencia, el juzgado considera que «se debe dar la razón a la parte actora, pues resulta que mediante la proposición de urgencia del acuerdo se vulnera el derecho de participación política del alcalde, Tomás Rubio», ya que es al regidor al que corresponde «la designación de la corporación y la relación de cargos que podrían desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva y, por lo tanto, con derecho a retribución».
La nulidad del acuerdo lleva consigo que las ediles del PP puedan reclamar con carácter retroactivo a los servicios jurídicos del Ayuntamiento los seis meses de sueldo que han dejado de cobrar, relegando también a estos mismos servicios para que diluciden si los concejales de la oposición tienen que devolver lo que cobraron durante ese mismo tiempo.
El alcalde, Tomás Rubio, aseveró que la justicia «finalmente se ha impuesto» en un asunto que la propia secretaria municipal «recomendó retirar». Por lo tanto, «los concejales del PP, que son los que están trabajando, pueden recuperar sus sueldos después de meses de sufrimiento».
El PSOE, por su parte, aseguró que sigue «defendiendo que los grupos municipales, tanto en el gobierno como en la oposición, tengan los medios necesarios». «Tenemos la misma postura desde hace 25 años, y que el único responsable de la situación es Tomás Rubio por su negativa a ofrecer recursos a la oposición». Antonio Martínez Real, portavoz del PSOE, añadió indicó que la sentencia «es recurrible».
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PP y Vox retomaron ayer conversaciones para poder llegar a un acuerdo «que saque al Ayuntamiento de la situación de bloqueo en la que se encuentra», según indicaron a LA VERDAD fuentes de ambos partidos. La reunión, que se celebró en el Ayuntamiento, constituye el inicio de una negociación que podría concluir en un nuevo pacto de gobierno entre ambos grupos totalmente distinto -según ha podido saber esta redacción- al que los dos partidos adoptaron a principios de legislatura y que se rompió en marzo.
LA VERDAD ha podido saber que las condiciones de Vox «van a ser duras», aunque estas no pasan por pedir la cabeza del alcalde, tal y como el partido de Santiago Abascal venía reclamando en sus comparecencias desde que se rompió el acuerdo, el pasado 5 de marzo de 2024, cuando el alcalde decidió expulsar del Gobierno a los concejales de Vox.
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