De la Cierva y Ruiz deberán testificar en el 'caso Desaladora'

El juzgado de Instrucción de Murcia que investiga al expresidente de la Región y exvicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, en la pieza separada del 'caso Desaladora' ha reclamado numerosos informes tanto a la Comunidad Autónoma como a la Asamblea Regional, además de anunciar que llamará a declarar a exmiembros del Ejecutivo autónomo.

En una providencia, se aprueba, también a petición de la Fiscalía Anticorrupción de Murcia, tomar declaración como testigos al exsecretario del Consejo de Gobierno Fernando de la Cierva y al exconsejero y exportavoz del PP en la Asamblea Regional Juan Carlos Ruiz, así como al excomisario de Aguas de la CHS Manuel Aldeguer, entre otros.

Sobre esas comparecencias, el juzgado señala en su resolución que se admite la práctica de las mismas, pero que queda pendiente fijar la fecha en que se llevarán a cabo.

Por lo que se refiere a la documentación que reclama a la Comunidad, la resolución judicial acuerda requerirle el envío de los acuerdos del Consejo de Gobierno de los años 2005 a 2010 por los que se autorizó al Ente Público del Agua a firmar convenios con los ayuntamientos para ofrecerles el futuro suministro de agua procedente de la desalinizadora de Escombreras.

También la requiere para que remita los informes del Comité de Secretarios que acompañaron a los acuerdos del Consejo de Gobierno sobre la creación del Ente Público del Agua y de los acuerdos referidos a la cesión de una parcela de 11.000 metros cuadrados para levantar la planta y a los de la autorización a este organismo para la firma de los referidos convenios.

Igualmente, el juzgado requiere al Ejecutivo regional para que le envíe la autorización del mismo Consejo para la concesión de la garantía 'comfort letter', aprobada para garantizar la devolución del préstamo concedido por un banco a la empresa constructora, del Grupo ACS.

Por otra parte, se reclama información sobre las reuniones de la Comisión Mixta de Vigilancia y Control fijada en los convenios del Ente del Agua suscritos con distintos ayuntamientos, los planes de abastecimiento acordados y los puntos de entrega del agua que se acordase respecto a cada uno de aquellos. A la Consejería de Presidencia y Hacienda se la requiere especialmente para que informe si existió algún otro acuerdo de supresión del límite de los avales a prestar.