El cierre sin previo aviso de la ITV de Alcantarilla provoca la protesta de trabajadores y sindicatos

Los trabajadores de la ITV de Alcantarilla se toparon este lunes contra la orden de cierre de la única estación pública de la Región de Murcia, que a partir de ahora solo atenderá a los coches que tienen programada una segunda inspección, lo que provocó el malestar entre los empleados y la denuncia por parte de los sindicatos. Fue el director general de Energía y Actividad Industrial y Minera, Federico Miralles, quien firmó la resolución por la que instaba a suspender su actividad, y el jefe de servicios y el subdirector de la dirección que corresponde a la ITV quienes se trasladaron hasta las instalaciones para comunicarles la decisión. Esta orden provocó que los empleados tuvieran que pedir a los conductores que estaban haciendo la cola que se marcharan porque ya no tenían la potestad de iniciar la verificación.

«Han desmantelado un servicio público que funcionaba para hacerlo privado y, como consecuencia, acarreará el despido de algunos sus trabajadores, y seis de ellos son interinos», explicó a LA VERDAD Antonio Martínez, secretario general de UGT Servicios Públicos de la Región, que subrayó que se seguirán manifestando y que llevarán el asunto a los tribunales para dirimir «la responsabilidad del cierre y si hay intereses ocultos».

Por ahora, el miércoles habrá una reunión en Función Pública en la que se espera que Miralles dé las explicaciones oportunas del cierre. «Ya nos opusimos en 2017 al cierre, cuando se liberalizó el sector, porque consideramos que esta estación de servicio público debería servir como ejemplo de regulación en cuanto a precios y calidad», indicó Pedro Antonio Martínez, secretario del sector de Comunidad Autónoma de UGT-Servicios Públicos de la Región, que dijo que «es un caso inaudito de la Administración regional», puesto que «sin contar con los trabajadores y sus representantes, se ha procedido al cierre patronal, alegando que hay unas 14 estaciones de ITV en 30 km alrededor de la de Alcantarilla».

Desde CC OO aseguran que «este cierre de administración es la culminación de una serie de malas decisiones por parte de la administración regional que va a llevar a una mayor inseguridad vial, un incremento de la contaminación y menor control de los vehículos». Incide que se trata de una estación que «cumplía la normativa a rajatabla» y que, por eso, era muy dura y sin ningún caso de posibles acusaciones de ilegalidad.

Además del destino de los trabajadores, Comisiones Obreras se pregunta quién se encargará ahora del cambio del número de chasis (identificación), una manipulación que puede conllevar problemas de seguridad y que precisa que debe ser de parte de la Administración regional. De este modo, CC OO considera «irresponsable» que la Administración vaya a provocar un aumento de la contaminación y de la inseguridad vial, así como un incremento de accidentes.

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