La CHS obliga a los regantes a acreditar de forma continua que no contaminan

Lo que empezó siendo un requerimiento inicial para cumplir las medidas cautelares impuestas hace tres años por la Junta de Gobierno de la CHS para alcanzar el buen estado de los acuíferos, se convertirá a partir de ahora en una exigencia continua en cada campaña agrícola, indicó ayer el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez.

Para preservar las masas de agua subterráneas y su impacto en el Mar Menor, miles de usuarios y empresarios agrícolas de la comarca han tenido que acreditar ante la CHS y de forma apresurada que sus cultivos no contaminan los acuíferos, principalmente el Cuaternario, de tal forma que presentaron 2.772 expedientes que corresponden a una superficie de riego de 37.072 hectáreas. Los usuarios respondieron así al requerimiento de la CHS, según viene recogido en el último avance del Ministerio para la Transición Ecológica sobre el seguimiento de las actuaciones para proteger el ecosistema costero.

Más del 90% de los expedientes presentados han acreditado que no contaminan, señaló Manuel Martínez a tenor de la respuesta de la Confederación Hidrográfica que viene examinando el cúmulo de informes, cada uno de ellos visado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos. Las medidas cautelares impuestas por la CHS se refieren a limitaciones a la fertilización, implantación del cuaderno o registro de la explotación agraria, y sistema de monitorización del uso y aplicación del agua de riego y de la fertilización mineral a través de ella, entre otras.

Este control será periódico y continuo a partir de ahora para los comuneros beneficiarios de la autorización provisional, según la nueva resolución de la CHS, que especifica que deberán «aportar la justificación de cumplimiento de las medidas cautelares de manera continua en cada periodo de control y así sucesivamente, a partir de octubre de 2023. El incumplimiento de lo anterior, cuando este organismo compruebe que conlleva a un incumplimiento de las medidas cautelares, dará lugar, sin más trámite, a expediente de revocación de la autorización, sin perjuicio de las responsabilidades de otra índole a que pueda haber lugar», añade.

Manuel Martínez considera que esta nueva exigencia de la Confederación obligará a presentar los informes agronómicos en cada campaña, visados por el Colegio de Agrónomos. Parte de la documentación básica de las fincas será la misma, pero no así los análisis de suelos, los registros de los libros de campo, las rotaciones de cultivos y otros cambios que se produzcan.

Martínez destaca que se están cumpliendo los requerimientos sobre las medidas cautelares, aunque se queja de que tenga que ser la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena la que deba asesorar y cursar los expedientes, ya que este cometido corresponde a las entidades colaboradoras que prevé la ley del Protección del Mar Menor, las cuales aún no se han constituido por parte del Gobierno regional, tres años después de que se aprobara la normativa.