El CES pide una prestación universal por crianza para atajar la pobreza infantil

El presidente de este organismo en España, Antón Costas Comesaña, que participó en unas jornadas con motivo del Día Mundial de la Infancia que se celebra mañana, consideró que la pobreza infantil es «la lacra más lacerante» que sufre España, que se sitúa como el país con mayor tasa de Arope infantil, con el 32,3%, solo por detrás de Rumanía, y destacó que la implantación de esta prestación universal es una de las medidas que ha logrado mayor consenso entre los 60 consejeros y consejeras que integran el Consejo al analizar la situación del país. «Es impropio de un país como el nuestro, que es la cuarta economía de la Unión Europea, ser uno de los pocos que no cuenta con este tipo de prestación», señaló.

Costas reconoció que «las ayudas a la crianza se han mejorado en los últimos años de una forma importante», aunque advirtió que estas «son fragmentarias». «Hay ayudas importantes, como el complemento de crianza del ingreso mínimo vital, pero observamos que 8 de cada 10 familias que tendrían derecho a ese complemento por crianza no lo reciben. Por eso lo que pretendemos es que con una prestación universal, esas dificultades desaparezcan sea cual sea su naturaleza». Esta ayuda llegaría, según detalló, «al menos» a las familias con niños entre los 0 y los 3 años, e incluso entre los 0 y los 6.

Para explicar la necesidad de esta medida, Costas subrayó la influencia «decisiva» que tienen los primeros años de vida en el futuro de los niños. «Hoy tenemos datos para decir que la trayectoria laboral y vital de una persona a lo largo de su vida hasta llegar a la longevidad depende de cómo le ha ido de cero a tres años. Si admitimos esto, tener un tercio de la población infantil española en situación de pobreza es realmente algo inconcebible, algo que no debemos admitir». Cabe destacar que, en la Región de Murcia, esta cifra es superior a la media nacional, alcanzando hasta al 38,8% de la población menor de edad, pese a la reducción respecto al 41,4% de 2022, y que el 15,7% se encuentra en pobreza severa. El informe del CES resalta que la pobreza infantil posee una dimensión territorial «especialmente relevante» en Andalucía, Canarias, la Región de Murcia y las dos ciudades autónomas, mientras que destacan en positivo los registros de Cantabria, País Vasco, la Comunidad de Madrid, Galicia y La Rioja«.

Preguntada respecto a la implantación de esta posible prestación universal, la Consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, que inauguró las jornadas en el CES, señaló que es un asunto que se está analizando a nivel estatal y que acabará poniéndose en marcha «más pronto que tarde, siempre y cuando encontremos aquí una colaboración con el Gobierno central», aseveró. En este sentido, insistió en el escollo que puede suponer para ello la infrafinanciación que lastra a la Región de Murcia, y destacó que el Gobierno regional «está haciendo un esfuerzo muy importante con la renta básica de inserción con más de 8 millones de euros para familias que no llegan al ingreso mínimo vital y que nosotros complementamos». Esta llega actualmente a un millar de familias y beneficia a 772 menores en la Comunidad.

La consejera recordó que la Región cuenta con una población «muy joven», con un 13,6% de menores de edad, dos puntos por encima de la media nacional, lo que obliga a «enfocar todavía más las políticas de mejora, de inclusión y de calidad de vida de los menores». En este sentido resaltó también los trabajos para la nueva ley de Infancia regional, sobre la que también se debatió en la jornada. Una ley que actualizará la actual, que es del año 1995. «Va a incluir medidas nuevas y novedosas que pondremos en marcha para proteger y asegurar a nuestra infancia y adolescencia y será totalmente transversal e integradora, unificando toda la legislación y todas las medidas que se desarrollen», señaló.

La consejera aseguró que esta ley destacará por abordar los nuevos escenarios de vulnerabilidad en la infancia como la pobreza infantil, el bullying, el incremento en el deterioro de la salud mental de los menores, la diversidad cultural, el acceso a una formación académica y profesional de calidad, así como la falta alfabetización digital y tecnológica, entre otros.

Ruiz resaltó que para su desarrollo, contará además con «la participación de los menores, porque se va a recoger de una forma muy clara y contundente el derecho de los menores a decidir».