Un ciudadano pasea frente a la sede de la Audiencia Provincial, en Murcia. N. GARCÍA/ AGM

Celebran la suspensión de un macrojuicio contra medio centenar de procesados por traficar con heroína en la Región

La huelga de letrados de la administración de justicia obliga a aplazar la vista, que iba a sentar en el banquillo a 49 supuestos traficantes

Alicia Negre

Murcia

Martes, 21 de febrero 2023, 09:22

La huelga indefinida que los letrados de la administración de justicia libran desde el pasado 24 de enero obligó este lunes a aplazar uno de los juicios por tráfico de drogas con mayor número de acusados de los últimos años. Hasta 49 personas estaban llamadas ... a ocupar el banquillo acusadas de distribuir heroína en Murcia y en otras provincias, como Madrid y Toledo, pero la vista deberá esperar a un nuevo señalamiento con motivo del paro. El retraso, que podría acarrear una rebaja de las condenas para los procesados, fue festejado por algunos de los acusados a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Murcia.

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Este juicio tiene su origen en una investigación que inició la unidad de drogas y crimen organizado (Udyco) del Cuerpo Nacional de Policía. El cuerpo indagó en torno a un presunto traficante de drogas de Murcia, José C., y a los distribuidores que se relacionaban con él.

La Fiscalía, en su escrito de conclusiones provisionales, sostiene que, aunque no llegaban al nivel de una auténtica organización, sí conformaban un grupo integrado por un número de personas establemente vinculadas al tráfico de heroína, además de a la comisión de otros delitos. Sus miembros presuntamente de forma independiente «asumían operaciones de tráfico de drogas con proveedores dispares en su propio beneficio o tenían su propia red de clientes».

«Vendra esta gente»

El fiscal, en su escrito, alude a la situación de endeudamiento con otros proveedores de droga que atravesaba José C., el presunto traficante del que surgió la investigación inicial. En las conversaciones captadas por la Policía otro de los investigadores le reclama 50.000 o 60.000 euros y le advierte de que «si no tiene solución mañana vendrá esta gente».

El Ministerio Público imputa a los procesados una larga retahíla de delitos, entre ellos de tráfico de drogas, extorsión, amenazas, tenencia ilícita de armas, falsificación de moneda y un largo etcétera. Reclama penas que van desde los 13 años y tres meses hasta los cuatro años de prisión. Solicita, asimismo, que todo el dinero, las joyas y los vehículos intervenidos en la operación se entreguen al fondo de bienes decomisados del Plan Nacional sobre Drogas.

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