Celdrán asegura que se mantiene el 'pin parental' porque cuentan con avales jurídicos

El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, reiteró este lunes que el Gobierno murciano no retirará el 'pin parental' a menos que así lo exija una instancia judicial y dijo que tienen la «tranquilidad» de contar con avales jurídicos y de inspección para esa medida. En declaraciones a los medios de comunicación, Celdrán insistió en que la «autorización familiar para actividades complementarias» cuenta «con el aval suficiente» de los informes de los servicios jurídicos y de inspección de la Consejería de Educación, por lo que el Gobierno murciano tiene «la tranquilidad» de que «las cosas se han hecho bien» y con ese respaldo.

Este lunes se ha cumplido el plazo que el Ministerio de Educación dio a la comunidad autónoma para retirar la medida, por lo que, previsiblemente, este martes se interpondrá un recurso contencioso-administrativo para bloquearla. Celdrán reconoció que el Ejecutivo regional cuenta con la posibilidad de que el juez decrete la suspensión cautelar del veto hasta que se resuelva el asunto judicialmente y, si es así, lo acatarán, pero insistió en la idea de que el proceso es una «cortina de humo» para evitar resolver el problema catalán.

En su opinión, el asunto se debería haber abordado desde el diálogo, pero el presidente Pedro Sánchez no ha atendido las llamadas de Fernando López Miras ni de los consejeros murcianos, al contrario de lo que hace con los políticos independentistas.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, sí tenía previsto recibir el pasado viernes a la consejera murciana del ramo, Esperanza Moreno, pero la reunión se aplazó por petición de esta última y aún no hay fecha prevista para un próximo encuentro.

En cualquier caso, para Celdrán hay «un claro componente de vendeta política» tanto en esta decisión de llevar al plano judicial la medida como otras tomadas por el Ejecutivo central, desde la retención de entregas a cuenta para el pago a proveedores hasta los trasvases cero para el regadío.

En cuanto a la carta que 35 asociaciones han enviado al presidente autonómico y a la consejera para pedir la retirada del 'pin parental', apuntó que están dispuestos a recibirles, pero la autorización «es un tema de convicción», puesto que para el Ejecutivo «la libertad de los padres tiene que primar sobre todo», siempre de manera compatible con la ley.

El permiso, recordó, se ha estado aplicando en la Región desde que comenzó el curso «sin ningún problema» y solo se generó «ruido» al respecto en el marco de la negociación de Presupuestos, por lo que se trata de una «utilización partidista y política» de una decisión tomada por la comunidad autónoma que no debería ser noticia en España.