Celdrán achaca la situación a la «infrafinanciación» del Estado y dice que generará tensiones

El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, criticó este miércoles la decisión del ministerio de Hacienda de retener parte de la financiación a la Región por incumplir el periodo de pago a proveedores y lo calificó de «injusto castigo».

En concreto, el Gobierno regional deberá comunicar al Ministerio cuál es la deuda comercial que tiene en este momento la Comunidad y, en base a ello, el Estado calculará el dinero que retendrá para pagar de forma prioritaria a los proveedores. «En vez de que la Comunidad pague a los proveedores, ahora el Gobierno central hará el pago directamente», manifestó Celdrán. En este sentido, el consejero explicó que la deuda comercial (las facturas que la Comunidad debe a los proveedores) se elevaba a 200 millones de euros a finales del año 2019, aunque esta cifra varía de un mes a otro.

Celdrán señaló que el Gobierno regional recibió este martes un requerimiento enviado el pasado viernes por el Ministerio de Hacienda comunicando que imponen este «nuevo escalón de medidas restrictivas» al Presupuesto de la Comunidad. El motivo es que la Región superó en agosto y septiembre de 2019 el objetivo medio marcado de periodo medio de pago a proveedores. Esta retención es una medida contemplada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que ya se aplicó en Aragón y Extremadura en 2017, y la penalización no acaba hasta que pasan seis meses seguidos con un periodo medio de pago por debajo de 30 días, lamentó Celdrán.

El consejero advirtió de que la retención por parte del Gobierno central generará «tensiones de tesorería» y afectará a otros gastos de la Comunidad. Así, la Consejería de Hacienda ya está estudiando cómo solventar este problema para evitar que afecte al gasto corriente de la Comunidad o al capítulo 1, correspondiente a las nóminas de los funcionarios.

Celdrán echó la culpa de esta situación a la «infrafinanciación» que «condena a la Región de Murcia con un sistema injusto» de reparto entre las comunidades autónomas. Además, lo achacó a que el Ministerio de Hacienda «tenía guardado en aquel momento en sus cajones 234 millones de euros de todos los murcianos que se tenían que haber pagado antes del verano pasado». Todo ello, aseguró, «por una utilización partidista de los mecanismos de financiación».

«Podrán entender que, por tanto, la causa del incumplimiento de la regla del periodo medio de pago a proveedores no es otra que la propia mala gestión del Ministerio, que bloqueaba unos fondos que nos corresponden a todos los murcianos», aseveró el consejero.

Celdrán considera que es una decisión «extremadamente injusta, arbitraria, oportunista e irresponsable» que se sustenta en el incumplimiento del periodo medio de pago que «el propio Ministerio ha causado». Reprochó al Gobierno central que niega a la Región de forma «sistemática» los recursos que necesita para cumplir con los criterios de estabilidad, «multiplicando las tensiones de tesorería».

El consejero criticó que la Región lleva «años lastrada» por un sistema de financiación «injusto y arbitrario», lo que obliga al Gobierno regional a hacer «ingentes esfuerzos» mes a mes con el fin de mejorar el periodo medio de pago a proveedores, recurriendo incluso a instrumentos de financiación a corto plazo. El consejero defendió que la Comunidad está haciendo una gestión «responsable» con resultados que «están a la vista de todos» y «nunca se ha despilfarrado dinero público».

No obstante, señaló que es muy difícil reducir este plazo de pago a proveedores mientras se mantenga el actual sistema de financiación, porque «recibimos menos ingresos que el resto de comunidades». Por ello, estima «urgente» que se modifique este modelo y que, así, «no siga incrementándose la deuda».

«Con esta nueva medida de penalización, el Gobierno de Pedro Sánchez intenta perjudicarnos», según Celdrán, quien estima «absolutamente perverso» que el Gobierno de España, que reconoció que el sistema de financiación es «injusto», imponga ahora «medidas de ajuste adicionales».

«Un murciano recibe 818 euros menos que un cántabro para los mismos servicios públicos fundamentales», según Celdrán, quien reprochó que el Gobierno central se niega a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) después de un año y medio sin reunirse para abordar «algo tan importante» como esta reforma.

La única manera de compensar ese «déficit de competitividad», según Celdrán, es «poner en marcha medidas que nos permitan crecer, como las bajadas de tributos, y estamos acertando». Por tanto, cree que el Gobierno central «no nos puede pedir que pongamos solución subiendo impuestos a un problema que nos provoca el Estado».

Así, se cuestiona cuáles son las alternativas que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez frente a esta «infrafinanciación». Por ejemplo, se pregunta si «nos van a pedir que subamos el IRPF; si nos van a obligar a volver a cobrar el injusto impuesto de Sucesiones y Donaciones; o si pretenden que impulsemos medidas tributarias que nos hagan menos competitivos».

«¿Es esta la sentencia de muerte con la que el secretario general del PSRM, Diego Conesa, amenazaba ayer mismo al Gobierno regional en la Asamblea», lamentó Celdrán, quien cree que los socialistas, a través del Gobierno de España, quiere castigar a los murcianos dándoles una «patada en el culo».