La ministra recuerda que su ultimátum para la retirada del veto vence el lunes

El veto parental acaparó ayer parte del debate parlamentario en la Asamblea y la actualidad informativa nacional. La ministra de Educación, Isabel Celaá, dio ayer un ultimátum al Gobierno regional para que retire las instrucciones de septiembre que implantaron el 'pin' antes del 17 de febrero, cuando vence el plazo que fijó para presentar un recurso para solicitar su suspensión. Celaá recordó que la resolución «ha sido objeto de requerimiento por parte del Ministerio para que se cumpla la legalidad vigente». El requerimiento «salió el 17 de enero, y el plazo legal para la corrección de sus instrucciones concluye el 17 de febrero», el próximo lunes, remarcó Celaá.

La formación conservadora Vox, por su parte, sacó pecho en la Asamblea para reivindicar la inclusión del polémico veto parental como su «gran logro». Vox reafirmó ayer su firmeza en la defensa del veto parental, y dejó claro que solo dará su apoyo a las cuentas regionales (que precisan de sus votos para salir adelante) si se mantiene en su versión más dura, la contenida en las instrucciones de principio de curso, y que obligan a contar con el permiso de los padres cuando los funcionarios imparten charlas.

La Consejería de Educación anunció hace dos semanas que modificará el decreto para rebajar la intensidad del veto parental. Según concretó, los funcionarios (personal del Servicio Murciano de Salud, jueces, policías...) no estarán sometidos al 'pin'. La diputada de Vox Mabel Campuzano, en cambio, dejó muy claro que si la Consejería de Educación modifica el decreto, no darán su voto favorable al presupuesto. «Apoyaremos el texto del acuerdo (con Cs y PP), y no otro», zanjó.

El veto parental centró las críticas de los partidos de la oposición. El diputado socialista Antonio José Espín calificó los Presupuestos como los de la «vergüenza» por ser la de Murcia la única comunidad autónoma de España que intenta poner el permiso parental. «Son una vergüenza para quienes denunciamos la censura instaurada por Vox, que es un hachazo a los derechos fundamentales. Somos el hazmerreír del país».

Mientras Ciudadanos evitó entrar en la polémica del veto parental, la parlamentaria de Podemos María Marín criticó que el PP haya aceptado la imposición de la «ultraderecha» de Vox, que ha puesto «en pie de guerra a la comunidad educativa por las cesiones retrógradas del PP». La consejera de Educación también sorteó la polémica, y no quiso entrar a valorar el acto de objeción de conciencia protagonizado el lunes por el profesor de Secundaria en el IES Alfonso X de Murcia Diego Reina. «No tengo información oficial sobre la cuestión. Cuando la tenga veremos cuáles son las acciones».

En cualquier caso, Esperanza Moreno aclaró que no existe un régimen sancionador previsto para quienes incumplen las instrucciones del veto, y en su caso se aplicaría el de la Comunidad.