Las causas de corrupción obligan a seguir reforzando una decena de juzgados

Un año más, la Justicia rinde cuentas y el balance apenas deja lugar al optimismo. El año pasado los tribunales murcianos lograron dar respuesta a 184.163 asuntos -ingresaron 188.737-. Como ya viene siendo habitual, Murcia volvió a colocarse entre las comunidades con una mayor litigiosidad, muy por encima de la media nacional. Una realidad que, además, contrasta con la baja ratio de jueces por habitante -10,9 por cada mil-, una de las reivindicaciones históricas de la magistratura murciana. La escasa plantilla provocó que los jueces llegasen a dictar 275 sentencias de media por cabeza -una, al menos, por cada día laborable- y que, pese a tal esfuerzo, el atasco de asuntos pendientes siguiese aumentando, hasta un 3,7%.

La sobrecarga que los juzgados de la Región llevan años arrastrando se dejó sentir, asimismo, en los tiempos de respuesta, que año tras año se acentúan. A los murcianos, de acuerdo a los datos facilitados en la memoria del Tribunal Superior Justicia (TSJ), les toca esperar de media 6,4 meses para encontrar una respuesta a su demanda, frente a los 4,8 meses que soporta la media del país. La tardanza, además, se incrementó en el último año -en 2017 la espera media era de 5,9 meses-.

Con estos datos, el presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme, subió ayer el tono del balance que tradicionalmente realiza, con motivo de la presentación de la memoria anual del organismo, y remarcó que «ya es hora de hacer Región también en el ámbito de la Justicia». Al inicio de su intervención, hizo hincapié en que «la Región necesita desde luego agua, infraestructuras y financiación autonómica, pero también necesita Justicia, una mejor Justicia». Una reivindicación, insistió, que «no se escucha tan frecuentemente como a nosotros nos gustaría en los diferentes espacios que gestionan la política de la Región».

Pasqual del Riquelme recordó que este «no es un problema del TSJ, ni de su presidente, sino de la Región». Subrayó que la sobrecarga y lentitud judicial «es un problema de las decenas de familias en crisis que piden a los tribunales una respuesta a sus problemas, de los cientos de empresarios que no encuentran una respuesta pronta a las reclamaciones que les impiden seguir progresando en sus negocios (...) y un problema de las víctimas de delitos que necesitan de profesionales con el sosiego, tiempo y recursos necesarios». Insistió, además, en que este es «un problema también de los ciudadanos, que tantas veces sienten la frustración por las respuestas lentas que se dan a problemas que les preocupan y que afectan a nuestra convivencia, como es el de la corrupción». Ante esta realidad, el presidente del TSJ reclamó «a los responsables políticos, en todas las instancias, que se comprometan en la reclamación de una justicia para la Región en las condiciones en que debería estar».

Actualmente 83 juzgados de la comunidad superan con creces las cargas de trabajo que fijó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y 31 llegan a duplicarlo. Para plantar cara al nivel de colapso, la Región precisaría, según las estimaciones del TSJ, hasta 33 nuevos juzgados, casi una utopía a día de hoy. Por el momento, el Ministerio tiene sobre la mesa la petición de seis nuevos órganos: un juzgado de Primera Instancia en Cartagena y dos en Murcia, un juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Molina, un juzgado de lo Mercantil en Murcia y un magistrado extra para la sección Penal de la Audiencia Provincial.

En su intervención, el presidente del TSJ también aludió a los refuerzos que, a lo largo de los últimos años, se han tenido que habilitar en una decena de juzgados que tramitan causas por presunta corrupción en las instituciones públicas. Esa cifra, que se seguirá manteniendo a lo largo del próximo año, convierte a Murcia en la tercera comunidad con más incidencia de estas medidas de apoyo para combatir las desviaciones de poder.

Según explicó Pasqual del Riquelme, la decena de refuerzos se mantendrá, pero los jueces de apoyo se irán moviendo conforme a las necesidades. Uno de los primeros cambios, avanzó, se producirá en unos días, cuando una juez se incorpore -a tiempo completo- al Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, que actualmente lleva entre manos el 'caso Auditorio'. A partir del 2 de julio, otra magistrada hará lo propio en el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, que instruye el caso de la desaladora de Escombreras. «Vamos tratando de adaptarnos a las agendas de las causas para que los titulares puedan ofrecer a estas su atención ya que, sin esa concentración y esa liberación de trabajo, resulta muy difícil darles la continuidad necesaria y que tantas veces explica los retrasos», incidió el presidente, que quiso poner de relieve, no obstante, una retahíla de macrocausas que, en el último año, llegaron a estrados o tomaron un «ritmo acelerado». El presidente citó, entre otros, el 'caso Valeo', la causa por la contaminación del río Segura, la 'Zerrichera', el 'caso Camelot' o la 'Operación Púnica'.

El representante de la magistratura murciana fue interrogado, en este punto, acerca de la reciente sentencia del 'caso Nueva Condomina', que absolvió al exalcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara y al resto de procesados. «Nuestra obligación no es producir condenas, sino sentencias justas», concluyó.