Miércoles, 23 de mayo 2018, 03:14
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, negó ayer, en declaraciones a Europa Press, que existiera un boicot contra la huelga y aseguró que el seguimiento de los paros no se lleva a cabo desde el Ministerio sino que compete al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a través de los datos recabados desde los tribunales superiores de justicia. El ministro aseguró que, de hecho, estaban esperando que les remitiesen los datos acerca de cuántos jueces se habían sumado a la huelga y de cuántas vistas orales se habían suspendido, aunque esperó que la cifra fuese la «menor posible» para minimizar el impacto en la ciudadanía.
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El CGPJ, por su parte, explicó que había solicitado que le facilitasen el número de diligencias, vistas o señalamientos suspendidos como consecuencia del paro, pero que solo había recibido «información parcial sobre este extremo, por lo que no es posible ofrecer una cifra global».
El responsable de Justicia remarcó que las asociaciones convocantes tienen abierto un proceso de negociación y diálogo «desde hace meses» con reuniones de periodicidad casi semanal en las que se han planteado cerca de doscientas propuestas relacionadas con mejoras de las condiciones laborales, la mayoría de las cuales se están negociando. También aseguró que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) solventará algunas de las cuestiones planteadas de carácter económico.
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