Veinte inquilinos del camping El Portús se niegan a irse y amenazan con «encadenarse»

Están dispuestos a llegar donde haga falta con tal de no dejar sus viviendas, algunas de obra y otras prefabricadas. Tanto es así que algunos de ellos ya han amenazado con «encadenarse a las casas» para no dejarlas. Una de ellas es Eugenia Rico. Lleva 18 años viviendo en el camping con su pareja, David Malamut, y su hija, Iris, que nació allí. «Vine de Asturias y me enamoré de Cartagena. Cuando llegué supe que este era mi sitio y ahora no me moverán de mi casa. Me encadenaré a ella si es necesario», avisó.

Ella es de las que más ruido están haciendo, porque se niega «rotundamente» a marcharse. Cree que es «una injusticia» lo que están haciendo con ellos, más con los vecinos «mayores que apenas pueden moverse. Algunos no tienen dónde ir», afirmó

En igual situación está Miguel Almagro. Lleva tres años y medio viviendo en el camping. Cuando compró su casa, «los dueños de entonces obtuvieron una comisión de 4.000 euros, pero ahora me piden que me marche dejando aquí mi hogar».

Su vivienda es prefabricada pero también tiene partes de obra que no pueden suprimir fácilmente, como le ocurre a la mayoría de los vecinos. Aseguró que no va a irse del camping hasta que «por lo menos me den una compensación con la que pueda recuperar lo invertido aquí». Y advirtió de que «no nos vamos a rendir y llegaremos donde haga falta».

La gerencia del camping sigue escudándose en que están «abordando un proceso de renovación y modernización de las instalaciones, para dotarlas de mayores estándares de calidad y sostenibilidad, y adaptarnos a la normativa vigente en la Región de Murcia en materia de campings».

Fuentes de la dirección explicaron a LA VERDAD, además, que de los inquilinos que debían abandonar el recinto este jueves un grupo de ellos –no detallaron el número exacto– les ha pedido «sensibilidad y tiempo» para organizar sus vidas «y se lo hemos dado», aseguraron. También advirtieron de que el resto que no ha solicitado ayuda a partir de hoy viven de manera «irregular» y que no tienen más remedio que abandonar las parcelas. Sensibilidad es precisamente lo que la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, pidió a la empresa dueña del espacio de acampada. La regidora les reclamó eso y «flexibilidad para los usuarios durante el proceso de desalojo», según fuentes de alcaldía.

La carta que recibieron los afectados en noviembre explicaba que antes de que se cumpliera la fecha límite, las personas implicadas debían «proceder al desalojo de la parcela, retirando sus enseres personales, así como otros elementos de acampada y dejar aquella limpia y expedita».

La empresa dueña de las instalaciones especificaba que todos los elementos de acampada y cualquier pertenencia que quedara en el terreno sería considerada en estado de «abandono» y la propiedad «no se haría cargo de su custodia». Pasada la fecha impuesta, los arrendatarios solo podrían acceder a sus solares para «tareas de limpieza y desalojo».

En este sentido, fuentes de la Consejería de Turismo, el departamento regional del que depende la inspección de estos recintos, explicaron que «la Comunidad Autónoma no puede acceder a contratos privados entre la propiedad y un tercero». También explicaron que en este caso, se trata de una actividad empresarial de un propietario con licencia que debe cumplir la normativa. De hecho, señalaron, «ha sido la nueva gerencia del camping quien está asumiendo personalmente la regularización de las cuestiones relacionadas con las estancias que superan los doce meses».

La próxima fecha en el calendario de los inquilinos del camping El Portús es el 31 de diciembre. Entonces, la mayoría de los 210 afectados tendrá que dejar sus casas, como establece el contrato que firmaron con la empresa y que esta no renovará para cumplir la ley.