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Diez días después de que los vecinos del barrio de Torreciega denunciaran en estas mismas páginas los retrasos en los estudios de caracterización de los terrenos industriales de Española del Zinc (Zinsa), actúan en los tribunales. La asociación vecinal ha solicitado al Juzgado de ... Instrucción número 5 de Cartagena, que investiga desde hace tres años la contaminación de esos terrenos, su posible afectación a la población y si hay responsables de ello, que prorrogue las diligencias y que abunde en varias de ellas. La principal es que requiera a la mercantil Cartagena Parque, del conocido promotor Tomás Olivo, propietaria del suelo, a que entregue el informe de radiactividad que tiene pendiente «en el plazo perentorio de días». Y que en el caso de que haya nuevos retrasos, sea la Comunidad Autónoma quien se encargue de terminarlo de manera subsidiaria.
Los vecinos recuerdan que es el Consejo de Seguridad Nuclear, en su informe del pasado 23 de marzo, el que hacía constar que el titular de la parcela llevaba a cabo trabajos para la caracterización del suelo que ocupaba la antigua fundición.
Según el cronograma para la realización del estudio radiológico presentado por Cartagena Parque, sus conclusiones tenían que estar listas entre los meses de mayo y junio de 2023. Pero hasta la fecha no hay constancia de que los resultados del trabajo científico estén en poder del juzgado que entiende del caso.
En su escrito al juzgado, los vecinos insisten en que las medidas cautelarísimas deberían de adoptarse de manera urgente, por considerarlas «necesarias e imprescindibles. «Hay un hecho innegable, y es que los residuos continúan a la intemperie igual que antes, dispersándose libremente al medio colindante», destacan en el documento.
La acusación que ejercen los vecinos reclama que «sería extremadamente beneficioso cubrir las balsas con una capa de tierra o algún elemento geotextil que impidiese la salida eólica de los contaminantes de las balsas».
El abogado José Manuel Muñoz, en representación de los vecinos, insistió a LA VERDAD el «estado de peligrosidad en que se encuentran porque desde hace catorce años son receptores directos de las sustancias tóxicas de las balsas, sin que hasta la fecha nadie haya tomado medidas de protección, incluido el juzgado».
Los vecinos también se acogen a las «insuficientes» medidas adoptadas para evitar el perecimiento de las aves para exigir el sellado de las balsas. Según las conclusiones del informe de 18 de mayo de 2023 emitido por los servicios jurídicos de la Secretaria General de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, aunque se ha mejorado bastante en la efectividad de las medidas, «el problema sigue siendo cuando las balsas se llenan tras las lluvias, que siguen siendo un foco para todo tipo de aves». Desde hace años, vecinos y ecologistas vienen denunciando la muerte masiva de aves, algunas de ellas protegidas. Entre las halladas hasta el momento figuran la garza real, la garceta común, y la garceta bueyera, así como aguiluchos laguneros, correlimos, cigüeñuelas, cernícalos y anátidas.
En las conclusiones de este informe de la Comunidad, también se indica que hasta que no resuelva el sellado de las balsas, se debe seguir autorizando este tipo de medidas para evitar muertes masivas de animales. Pero no consta que urja a la empresa para tapar los vertederos. De momento, hay unos cañones espantapájaros con temporizadores automatizados, que ahuyentan a los animales e impiden que se aproximen a los vertederos.
Se trata de una medida cautelar aplicada desde hace tres años mientras que se estudian y adoptan soluciones definitivas. A lo largo de estos años se han ido solapando nuevas solicitudes de autorización y nuevas medidas siguiendo las recomendaciones de los estudios de seguimiento de efectividad con diversos dispositivos empleados y el uso de otros sistemas para ahuyentar las aves, pero el problema persiste. Estos cañones no perjudican a la seguridad de las personas ni a la supervivencia de los ejemplares.
No obstante, los vecinos acusan los fuertes ruidos «desde las 6 a las 21 horas». Este mes finaliza la vigente autorización de aplicación de medidas cautelares en las balsas de residuos, que deberá ser renovada.
Desde la Consejería de Medio Ambiente defendieron que «la Comunidad ha actuado desde el primer momento» y que trabaja en coordinación con los juzgados. «El Gobierno regional seguirá ejerciendo su labor de control, y en caso de incumplimiento de las medidas cautelares, abrirá expedientes sancionadores», concluyeron.
«Tenemos derecho a saber la incidencia que tienen estos metales pesados en nuestra salud, ya que nadie vela por nuestro bienestar», reclamó el presidente de la asociación de vecinos de Torreciega, Teodosio Romero. Por ello, quieren conocer cómo incide en su estado convivir, a menos de 50 metros, con metales pesados como plomo, cadmio, zinc y arsénico. Así que han solicitado un informe a la Unidad Medioambiental del Hospital Virgen de La Arrixaca con los registros de los pacientes de la barriada que atienden por padecer enfermedades derivadas del contacto crónico con metales pesados, junto a los del Centro de Salud Virgen de la Caridad de Cartagena Este.
Por último, requieren al Instituto Carlos III de Madrid que informe sobre la especial incidencia de enfermedades carcinogénicas en el municipio, concretando en la medida de los posible en el barrio de Torreciega. Para la realización de estos estudios epidemiológicos pretenden que el Seprona tome muestras en el interior de las casas.
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