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«No espero milagros en lo que queda de año y casi tengo la esperanza perdida. No hay voluntad política para descontaminar los terrenos contaminados de Torreciega. Prevalecen el dinero y otros intereses sobre la salud de las personas», denunció a LA VERDAD el presidente ... de la asociación vecinal del barrio, Teodosio Romero. Junto con la plataforma de afectados por los suelos contaminados de Cartagena lleva años solicitando el sellado de las cinco balsas con residuos peligrosos de la antigua fábrica de Española del Zinc (Zinsa), cerrada en 2008, perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Ni Cartagena Parque, empresa propietaria de los terrenos desde 2018, ni la Comunidad Autónoma han puesto aún remedio a la situación.
En marzo, una empresa tomó muestras de las cinco balsas de Zinsa para realizar un informe de caracterización radiológica del vertedero de residuos peligrosos en Torreciega. Ocho meses después, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sigue a la espera de que la Comunidad Autónoma le remita la información sobre la contaminación radiactiva de los terrenos, para tomar las medidas de protección necesarias en función del riesgo para la salud pública y para el medio ambiente, y determinar el proceso de vaciado de los depósitos de residuos peligrosos. Estos están cargados de metales pesados como plomo, cadmio, zinc y arsénico, y la parcela ocupa 480.466 metros cuadrados.
El suelo contaminado está al descubierto a 50 metros de los núcleos urbanos de Torreciega y Cabezo Beaza, donde hay viviendas, una guardería, un hotel y una nave industrial, entre otros comercios del cercano polígono industrial.
En aquel momento, ni Cartagena Parque, propiedad del promotor inmobiliario Tomás Olivo, ni la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma aclararon quién de las dos promovió las catas.
La Dirección General de Medio Ambiente reclamó durante más de un año a la empresa dueña de la finca que realizara el estudio de caracterización radiológica obligada por el Juzgado de Instrucción 5 de Cartagena y la Fiscalía. La petición fue de la Asociación de Vecinos de Torreciega, representada por el abogado José Manuel Muñoz Ortín. Al no obtener respuesta de la mercantil, Medio Ambiente notificó en febrero a la empresa del promotor de Balsapintada el inicio del expediente de ejecución subsidiaria. Cartagena Parque respondió en octubre del año pasado a un requerimiento que ya tenía la oferta de una empresa para realizar el estudio encargado. Ahora, Medio Ambiente se desmarca y aclara que «es una responsabilidad de la empresa propietaria de los terrenos, que presentó un plan de descontaminación y el Consejo de Seguridad Nuclear le requirió que hiciera dicho informe para complementar el plan de descontaminación». Según las mismas fuentes del departamento dirigido desde octubre por el biólogo Juan Antonio Mata, la Comunidad Autónoma «solo canaliza la información y la dirige al CSN», por lo que cuando la mercantil les envíe el informe se limitarán a remitirlo al Consejo Nacional. Sobre el proceso en que se encuentra el informe, solo añadieron que «sabemos que la empresa está trabajando en él».
En medio de tanta desidia de una parte y de otra, y mientras se resuelve este lío administrativo y judicial, los vecinos continúan con sus reclamaciones por «el bienestar de las generaciones más jóvenes». La asociación solicita a la Consejería de Salud estudios epidemiológicos para determinar si hay relación entre la presencia de metales pesados y la alta tasa de cáncer en el barrio. De momento, sus peticiones no han sido atendidas.
«Hay dispersión de metales pesados a través del viento y de la lluvia. El invierno es propicio para esta propagación. Ahora están todas las ventanas blancas del polvo que sueltan las balsas», apuntó Romero.
Un informe del Seprona de hace dos años concluyó que los metales pesados de la antigua fábrica de Zinsa suponen «un riesgo inadmisible para la salud humana» y causan «daño de forma continuada» al medio ambiente y contaminan las aguas. Estos residuos han acabado con la vida de cientos de aves. Más allá de estos riesgos, el Seprona expuso al juzgado que durante años la Consejería de Medio Ambiente no ordenó a Zinsa tomar medidas ni «tampoco adoptó las subsidiarias para evitar los hechos que se están produciendo».
La lentitud en el proceso de descontaminación de las cinco balsas de la antigua fábrica de Española del Zinc (Zinsa), que paró su actividad en 2008, no es un caso aislado. A escasos metros, se encuentran los terrenos del Hondón, ocupados hasta 2001 por la fábrica de abonos y fertilizantes Potasas y Derivados. La parcela de un millón de metros cuadrados tiene depósitos de uranio -238. Los materiales radiactivos se ubican próximos al Tanatorio Estavesa y a un grupo de viviendas de San Ginés. Para la plataforma de afectados por los metales pesados de Cartagena, la Consejería de Medio Ambiente tiene «paralizado» el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que la compañía Ercros selle los suelos contaminados de El Hondón.
El organismo estatal dio luz verde hace siete meses, «con límites y condiciones», al informe solicitado por la Comunidad Autónoma sobre el proyecto de remediación de los suelos de El Hondón para garantizar su recuperación ambiental y su devolución al estado de uso industrial previo a su contaminación, por parte de la empresa Ercros. La Comunidad estudia desde marzo el informe recibido.
Los vecinos insisten en la necesidad de agilizar la burocracia y buscar la máxima eficiencia cuando se trata de dar respuesta a cuestiones que afectan a la salud pública y la seguridad ciudadana. «Estamos hablando de décadas de reivindicaciones y de administraciones pasándose la pelota los unos a los otros», lamentó Teodosio Romero.
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