Vecinos de Torreciega critican los retrasos en el sellado de Zinsa pese a la orden judicial

La mercantil propiedad de Tomás Olivo ha presentado un escrito de alegaciones en el Juzgado de Instrucción 5 de Cartagena ante su orden emitida en agoto para sellar de forma «inmediata» las antiguas balsas de residuos peligrosos de Zinsa, que hasta 2008 estuvo operativa en Torreciega.

En su escrito, Cartagena Parque considera que «la orden de clausura definitiva de las balsas no constituye una medida cautelar, sino que es una medida definitiva, que no podría dejarse sin efecto si recayera sentencia absolutoria, por lo que su imposición es una presunción de culpa por parte del juzgador ya que supone un anticipamiento de la pena».

Justifica su argumento en el informe técnico de la Comunidad Autónoma de 8 de noviembre de 2022, según el cual «el cerramiento y sellado de las balsas supone la clausura definitiva de las mismas. La clausura de las balsas necesita la redacción de los correspondientes estudios, planes y proyectos, de manera que se garantice que se cumple con la legalidad urbanística y medio ambiental vigente». Añade que dichos documentos deberán ser «aprobados por la administración local y autonómica para su ejecución, de acuerdo a las competencias urbanísticas y medio ambientales que le otorgue la legislación vigente al respecto».

La empresa adjunta un informe pericial relativo a la identificación y localización actual del inmueble adjudicado a Cartagena Parque, cuya finca se identifica como la 20.556 de los terrenos y no la parcela completa. El informe incluye la identificación de otras fincas inscritas en el registro de la propiedad a nombre de Zinsa, así como un estudio comparativo de la resolución de suelos contaminados e improcedencia del expediente de exceso de cabida.

Según la documentación presentada, Cartagena Parque es sucesora de la inmobiliaria Quorum Capital Investments en la finca 20.556. La mercantil de Olivo adquirió en 2018 una de las 17 fincas que integran la referencia catastral, menos de la tercera parte del suelo contaminado por Zinsa. Por tanto, «solo le corresponde descontaminar esta finca, y el sellado de las balsas si estuvieran en su propiedad, pero ni están ni puede presumirse correspondiendo la prueba en contra a la acusación», alega.

Ya en mayo de 2021, la sociedad Cartagena Parque instó al juzgado de Lo Mercantil número 1 de Murcia a anular la subasta de varias fincas alegando problemas con la inscripción de estas en el Registro de la Propiedad. Olivo pidió al juzgado que le reintegre los 1,5 millones de euros que pagó por 480.000 metros cuadrados de suelo declarado como contaminado, de los que por un problema de «duplicidad», este órgano solo accede a anotar unos 159.000. También exigió una cantidad por daños y perjuicios. Tres años después, el juez desestimó la petición.

Paralelamente, la Dirección General de Medio Ambiente concedió un plazo de quince días, que acabó el martes, a Cartagena Parque para vaciar otro depósito que almacena ácido sulfúrico. Vencido ese tiempo, el departamento autonómico dirigido por Juan Antonio Mata informó que el 10 de octubre la empresa solicitó una ampliación del plazo. Argumentó que el laboratorio que analiza los residuos de las balsas necesita 20 días para emitir su informe. Medio Ambiente espera recibir dicho estudio en «los próximos días».

La asociación vecinal, representada en los juzgados por el abogado José Manuel Muñoz Ortín, demanda mayor celeridad en la descontaminación de los terrenos de la antigua factoría de Zinsa, que acumula dieciséis años de retraso. Y critican que la empresa no haga caso al mandato judicial. En este tiempo, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil encontró altas concentraciones de metales pesados, como arsénico, cadmio, manganeso, níquel, plomo, zinc, cobalto, cromo y estroncio. Denuncian, asimismo, la «inacción» de la Comunidad Autónoma ante el riesgo que supone para la salud humana y el medio ambiente mantener las balsas a escasos metros de las viviendas de Torreciega y de los negocios de Cabezo Beaza.

«La Administración autorizó la actividad de Zinsa y permitió que se fuera dejándolo todo contaminado. En última instancia, es responsabilidad de la Comunidad Autónoma, que tiene mecanismos suficientes para actuar de emergencia y depurar después las responsabilidades oportunas. A los vecinos les da igual quién sea el propietario de los terrenos, lo que quieren es que se descontamine ya y que pare este delito continuado», coincidieron en señalar ayer el abogado de los afectados, José Manuel Muñoz Ortín, y el científico José Matías Peñas Castejón.

Ambos recordaron que cuando llueve, como este miércoles, se producen nuevos lixiviados de aguas con metales pesados, que acaban en el puerto, y ponen en riesgo la vida de aves acuáticas protegidas que beben agua en las balsas. De hecho, la Asociación de Vecinos de Torreciega, que ejerce la acusación particular por un presunto delito contra el medio ambiente, trasladó esta comunicación al juez a principios de octubre.

Recordaron que la presencia de metales pesados como zinc, cadmio, cromo, estrónico, arsénico y plomo es un riesgo para la salud de los vecinos, cuyas viviendas se encuentran a cinco metros de los vertederos.

Durante las épocas secas, que suelen comenzar entre los meses de marzo y abril y se alargan otros seis, están las partículas de los metales pesados en suspensión, tanto en el polvo de las viviendas como en los espacios públicos.

Un nivel de 500 mg/kg de cadmio en el polvo doméstico representa un riesgo significativo para la salud de los habitantes, sobre todo para los niños, sostiene Peñas. Entre los problemas que puede causar la exposición continuada a este metal pesado están la insuficiencia renal, el debilitamiento de los huesos con un aumento del riesgo de fracturas, así como asma y un mayor riesgo de padecer cáncer de pulmón.