Los vecinos recurren la negativa al sellado de las balsas de Zinsa

Los vecinos aportarán en breve al Juzgado un informe elaborado por el científico José Matías Peñas sobre sustancias tóxicas y peligrosas existentes en el interior de las viviendas de los residentes en Torreciega. La brisa hace que los metales pesados presentes en las balsas de Zinsa se depositen en las calles del barrio, parques y viviendas. Por ello, los vecinos denuncian que su contacto con los elementos dañinos para la salud es «habitual y permanente».

Representados por el abogado José Manuel Muñoz Ortín, los vecinos insistieron en sus alegaciones que ante la acreditación de riesgo extremo para la salud humana, la flora y la fauna, por la presencia de «metales pesados extremadamente peligrosos, lo razonable y lógico es la adopción de medidas cautelares que eviten la dispersión eólica de las sustancias».

El informe remitido en 2021 por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción 5 de Cartagena concluyó que estas balsas causan «daño de forma continuada» a la salud humana de residentes y trabajadores de Torreciega y del polígono Cabezo Beaza, al medio ambiente y contaminan las aguas.

Los vecinos recordaron que las balsas de Zinsa llevan desde 2009 a la «intemperie, sujetas a los efectos de todos los agentes atmosféricos». Desde la asociación vecinal aseguraron que «en la actualidad, las aves siguen pereciendo y las personas que viven en Torreciega están sufriendo en su salud el continuo y lento deterioro que supone el convivir con altas concentraciones de metales pesados, todo ello con el consentimiento del Ministerio Público, e incluso del Juzgado, que pudiendo adoptar una medida cautelar y urgente, no la adoptan, haya o no elementos radiactivos».

Las altas concentraciones de metales pesados en las balsas, como arsénico, cadmio, níquel, plomo, manganeso y cobalto, provocan el perecimiento de las aves. «El de los humanos no es inmediato porque no nos sumergimos en las balsas, que están a a menos de diez metros de algunas casas».

Para los vecinos, el estado actual de la tramitación de las diligencias es «confuso», por lo que para ellos no es causa suficiente el rechazo de las medidas cautelares. «La vía administrativa ha resultado hasta el momento infructuosa», recoge el escrito.

Según los vecinos, «Cartagena Parque dice al Juzgado que está realizando el estudio de radiactividad y la Consejería de Medio Ambiente, por su parte, que ha iniciado la ejecución subsidiaria». En las alegaciones acusaron a la Administración de «no actuar desde 2009, cuando cesó la empresa». Tampoco lo hizo en 2018, «cuando se le exigió la adopción de medidas».