Los vecinos de la zona este de Cartagena exigen descontaminar los suelos del Hondón y convertirlos en un parque multiusos

Pese al retraso de siete meses, los vecinos están esperanzados, tras reunirse a inicios de mes con el director general de Medio Ambiente, Juan Antonio Mata. «Vimos buena predisposición por su parte», aunque no se abordaron plazos dada la «complejidad del asunto», según el presidente de la asociación vecinal del Sector Estación, Fulgencio Sánchez.

Los vecinos recriminan la dejación de funciones de este departamento regional y piden también al Ayuntamiento de Cartagena que tome cartas en el asunto. «Es una vergüenza que llevemos más de dos décadas expuestos a la radiación de materiales pesados. Esto no pasaría en otra parte de la ciudad», dijo Sánchez. Desde Medio Ambiente indicaron que «los técnicos están revisando toda la documentación para tomar la decisión más beneficiosa para los ciudadanos y garantizar la restauración del entorno».

El informe sobre el proyecto de remediación de los suelos de El Hondón para garantizar su recuperación ambiental y su devolución al estado de uso industrial previo a su contaminación establece un plan de actuación de diez medidas, tras la validación del CSN. La primera es la extracción prioritaria de materiales con radioactividad natural (NORM), a la que sigue un estudio del comportamiento de tecnosuelos de distinta composición y determinación de la mezcla más apta para la remediación y restauración paisajística del emplazamiento.

Las conclusiones del estudio se deben presentar, ante el CSN, seis meses antes del inicio de las obras, para su validación.

A continuación, el informe contempla la adecuación de los terrenos con la limpieza y desbroce de once hectáreas de terreno, la ejecución de 8,5 kilómetros de caminos de circulación y rodaje y la creación de drenaje perimetral, así como en las cotas inferiores de las balsas.

El siguiente paso es el reciclaje de 80.000 metros cúbicos de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). De forma complementaria, se emplean áridos naturales de las canteras locales para reutilizar los materiales procesados en completar la capa de prevención.

Los técnicos deben confirmar la ausencia de mercurio y, en caso de existir, extraerlo mediante la instalación de sondas de ventilación forzada. Por último, serán realizadas las obras de aislamiento y cubrición de materiales perjudiciales para la salud y el medio ambiente con hasta 160.000 metros cúbicos de materiales apropiados para esta labor.

Por último, tendrá que establecerse un plan de vigilancia y mantenimiento de 12 meses de duración, que recoja algunas variables como la escorrentía superficial; la calidad de las aguas subterráneas; los niveles radiológicos; los de mercurio volátil y el estado de las capas de aislamiento, cubrición y elementos de obra.

Los vecinos temen que con tantos retrasos acumulados, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dé la razón a la empresa Ercros, dentro del contencioso administrativo planteado a la Comunidad por el tipo de descontaminación que se tiene que realizar en los suelos de la antigua fábrica de Potasas y Derivados. «Si le da la razón a la empresa, la ley dice que debe pagar el propietario, que es el Ayuntamiento, es decir, se pagaría con dinero de todos los cartageneros», lamentó Fulgencio Sánchez. Los vecinos proponen que el suelo público sea destinado a un gran parque, instalaciones deportivas, e incluso para levantar el Palacio de Justicia, cuya construcción también se retrasa.

Ercros, el Ayuntamiento de Cartagena y Adif se reparten la propiedad de los terrenos contaminados de la entrada a la ciudad. El equipo de gobierno de la alcaldesa Pilar Barreiro planteó hace dos décadas construir en la zona un nuevo ensanche de viviendas, con parques y carreteras.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena prorroga por seis meses, esto es hasta el 21 de mayo de 2024, la instrucción de las diligencias sobre el sellado de las balsas de Española del Zinc (Zinsa). Lo hace a petición de los vecinos que presentaron un reciente escrito en el que solicitaron la adopción «urgente» del sellado de las cinco balsas con material radiactivo que están a la intemperie perjudicando, denunciaron, la salud pública y el bienestar de los animales.

Según la previsión inicial de Cartagena Parque, mercantil de Tomás Olivo propietaria de los terrenos, las conclusiones del estudio radiológico tenían que estar listas entre los meses de mayo y junio de 2023. Pero hasta la fecha no hay constancia de que los resultados del trabajo científico estén en poder del juzgado que entiende del caso.

La acusación que ejercen los vecinos reclama cubrir las balsas con una capa de tierra o algún elemento geotextil que impida la salida eólica de los contaminantes de las balsas.

Los vecinos también se acogen a las «insuficientes» medidas adoptadas para evitar el perecimiento de las aves para exigir el sellado de las balsas. Según las conclusiones del informe de 18 de mayo de 2023 emitido por los servicios jurídicos de la Secretaria General de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, aunque se ha mejorado bastante en la efectividad de las medidas, «el problema sigue siendo cuando las balsas se llenan tras las lluvias, que siguen siendo un foco para todo tipo de aves».

Entre las peticiones vecinales también está conocer la incidencia en la salud pública de los metales pesados de las cinco balsas descubiertas que esperan se puedan cubrir de manera paralela al procedimiento judicial. Sobre todo en la posible relación de los numerosos casos de cáncer que proliferan en el barrio.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dice en su informe favorable y vinculante que la solución óptima es el confinamiento 'in situ' mediante un sistema de cubrimiento multicapa. Las bajas permeabilidades tanto del residuo como de la formación limosa subyacente limitan la transferencia de contaminantes del acuífero. Según el plan inicial, la intervención de confinamiento de los residuos mejorará la situación radiológica de la parcela, que estaría sujeta a vigilancia y mantenimiento. El informe del CSN no establece ninguna limitación en cuanto al tipo de uso industrial del terreno, tras su remediación. Sí que define el protocolo a seguir frente a la edificación en la parcela de estructuras cerradas susceptibles de alterar la cobertura.