Vecinos del camping de El Portús denuncian «nuevas coacciones»

Inquilinos del camping de El Portús denunciaron ayer nuevas «coacciones» por parte de la dirección del complejo turístico con la instalación de cadenas y candados en el recinto para impedir, según los denunciantes, el acceso a la veintena de vecinos que se resisten a abandonar sus casas.

El personal de seguridad del centro, reforzado en número, negó esta semana la entrada a un propietario que, cada quince días, revisa el estado de su segunda residencia por temor a perderla. La única opción que le dieron era solicitar el acceso a la gerencia del camping a través de un correo electrónico y esperar la respuesta en un plazo de 72 horas. Finalmente decidió por su cuenta y riesgo acceder por el monte. Esta posibilidad es inviable para personas con movilidad reducida y mayores que viven en el complejo turístico. Hay una decena de personas para los que es su única vivienda, de los cuales seis son mayores de setenta años. También hay dos personas recién operadas de unos cincuenta años. Algunos de ellos, que se han dejado todos sus ahorros y proyectos de vida en este complejo turístico, están empadronados en El Portús.

Otros veinte vecinos hicieron las maletas hace unas semanas para pasar las fiestas navideñas con familiares y amigos. «Tomaron esta decisión ante la imposibilidad de que entrara nadie ajeno al complejo y ahora no saben si podrán volver a sus casas, donde tienen sus pertenencias y sus vidas hechas. Y los que hay dentro están encerrados bajo llave y no quieren salir por el temor de no poder volver», aseguró Javier Suárez, vecino del camping durante doce años al que derribaron su casa en diciembre.

Por ello permanecen imputados el director del camping y tres empleados como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada y daños a este inquilino, que está a la espera de que el Juzgado de Instrucción 5 abra las diligencias correspondientes.

Los problemas comenzaron en noviembre de hace dos años, cuando el Complejo Náutico El Portús SA notificó a los 210 inquilinos que debían desalojar las parcelas en las que muchos de ellos, la mayoría extranjeros, llevan viviendo décadas.

La gerencia de la nueva empresa, que se hace cargo de las instalaciones desde julio de 2023, les daba un año para abandonar sus viviendas, en virtud de la nueva normativa por la que se regulan los alojamientos turísticos en modalidades de camping en la Región de Murcia, y que fija un plazo máximo de doce meses continuados la estancia en estos recintos.

Los vecinos han hecho frente común y están a la espera de que se resuelva el procedimiento judicial para evitar lo que consideran un «desahucio por precario» y obtener una alternativa habitacional, o en su defecto una indemnización suficiente.

La gerencia del camping se escuda en que están abordando un «proceso de renovación y modernización de las instalaciones, para dotarlas de mayores estándares de calidad y sostenibilidad». Así, las instalaciones permanecen cerradas sin prestar servicios a ningún cliente de manera «temporal» por «las obras y tareas de acondicionamiento que se están llevando a cabo».

Los vecinos insisten en que la situación es «insostenible» debido a las «coacciones» de la empresa para que abandonen sus viviendas, pese a que, según algunos inquilinos sus contratos no han expirado aún. Por otra parte, los usuarios de Cala Morena demandan que se habilite una servidumbre de paso hasta la playa nudista de El Portús porque desde que comenzaron las obras en el complejo turístico se ha cortado el acceso.

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