Vecinos de Cala Flores ven ilegal la licencia del residencial de lujo

Vecinos de Cala Flores, en el entorno de Cabo de Palos, han solicitado el Ayuntamiento de Cartagena que anule la licencia urbanística de obra mayor que concedió para construir una urbanización con trece apartamentos de lujo, una piscina. trasteros y garajes junto a la Cala del Descargador, en primera línea del Mediterráneo. En un escrito registrado días atrás, propietarios de viviendas en esta zona instaron a realizar una «revisión de oficio de la resolución» administrativa, para «dejar sin efecto» la licencia por «infracción grave de la normativa urbanística en vigor».

Así lo aseguraron a LA VERDAD fuentes conocedoras del expediente, que data de 2018. Y añadieron que el Consistorio dio el permiso a la mercantil Maxiberia SL. En concreto, la empresa impulsa un proyecto en la «unidad de actuación U.A. 4-2 (Ac (O) 12.5)» en la calle Isla, dentro de la urbanización Cala Flores.

Los vecinos argumentan que la normativa establece para las construcciones una altura máxima de siete metros y un tope de dos plantas sobre la rasante, así como un coeficiente de ocupación del 40%. Además, sostienen, «según el Plan Parcial vigente, en los sótanos y en los semisótanos no se permite el uso de vivienda».

«Teniendo en cuenta estas circunstancias, y tras analizar las características de las edificaciones, se concluye que hay cinco apartamentos situados sobre dos plantas ya destinadas a vivienda; constituyen, por tanto, una tercera planta destinada a dicho uso», añadieron estas fuentes.

El escrito indica también que el proyecto prevé «tres villas en dos plantas en una zona donde el estudio de detalle solo permite una». Y añade que «en toda la superficie ocupada se sobrepasa el número máximo de plantas autorizadas para uso de vivienda». Esto último supone una presunta «vulneración del epígrafe j del artículo 285 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia».

Fuentes de la Concejalía de Urbanismo, que dirige la también alcaldesa, Ana Belén Castejón, rechazaron anular la licencia e insistieron en las razones ofrecidas hace dos semanas para justificar su otorgamiento. La autorización, explicaron, fue «concedida» cumpliendo la normativa y bajo la condición de que la promotora derribe un edificio de pisos existente, de la que es propietaria. Así lo exigió la Demarcación de Costas, porque invade el dominio público marítimo-terrestre.

«Al tratarse de terrenos urbano, las licencias son actos reglados y no dependen del criterio de ningún técnico», indicaron en el Ayuntamiento. Y destacaron que quedará libre una zona en primer línea para completar un tramo de paseo marítimo.

Respecto al nuevo Plan General Municipal de Ordenación Urbana, que sustituirá al de 1987 (el de 2012 fue anulado por la Justicia), en el Consistorio señalaron que «la idea del Gobierno local es no cambiar de no urbanizable a urbanizable ningún espacio que pueda ser sensible medioambientalmente».

En todo caso, admitieron que el avance del nuevo Plan «no contempla ningún cambio en esa zona, porque está toda ocupada ya, a falta de esa parcela». Aun así, concluyeron, «la concreción de las ampliaciones nunca se recogen en los avances sino en el documento de aprobación inicial, aún sin redactar». La mercantil declinó realizar declaraciones. Unidas Podemos calificó el proyecto de «nueva aberración urbanística y ambiental» en el litoral y exigió impedirlo.