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Al límite de sus fuerzas se encuentran una veintena de vecinos del camping naturista de El Portús que llevan ya doce días pernoctando fuera de sus viviendas habituales porque la dirección del complejo turístico les prohíbe la entrada con un refuerzo de la seguridad y la instalación de candados en las vallas.
Algunos de ellos han tenido que alquilar apartamentos y otros han recurrido a hoteles sin más pertenencias que lo puesto. Unos gastos extraordinarios con los que no contaban, mientras desconocen el estado de sus enseres y mascotas, que continúan en el interior del camping. Hay otra veintena de residentes dentro de las instalaciones que no se atreven a abandonarlas por «miedo» a no volver a entrar. Para la mayoría, octogenarios extranjeros, es su única residencia.
Ante este panorama, los vecinos del camping exigen un «auto judicial» que les permita acceder a sus viviendas mientras se resuelve el procedimiento judicial contra el Complejo Náutico El Portús SA por desahucio o coacciones para abonar las instalaciones. Una petición que no consiguieron este lunes, cuando personal del camping estaba citado en el Juzgado de Instrucción Número 5 de Cartagena, tras no comparecer la empresa en el careo previsto el sábado 11 de enero. Dichas personas no asistieron a la cita en los juzgados este lunes.
Los vecinos dicen «confiar en la justicia», aunque no descartan realizar nuevas protestas si las medidas cautelares para poder entrar en sus casas no llegan pronto. Asimismo, denuncian que no todos están recibiendo el mismo trato. «Hay a quienes sí se les permite entrar a las instalaciones, pese a las obras», añadieron. Está previsto que el responsable de la empresa declare por videoconferencia la próxima semana. No obstante, los vecinos esperan recibir antes el auto judicial que les permita entrar a sus casas dentro del complejo turístico y recoger sus enseres.
Pese al actual contexto de creciente crispación, uno de los defensores de los residentes remarcó que hay «buena voluntad» para alcanzar un «entendimiento» entre la empresa propietaria del camping y los vecinos que se resisten a abandonar las viviendas.
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