Ultimátum de la Comunidad a las propietarias del terreno de Zinsa en Cartagena para que entreguen los informes

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, requirió a principios de diciembre a las empresas propietarias de los terrenos, Cartagena Parque y Maquinasa, la entrega de sendos estudios de caracterización radiológicos como paso previo a la necesaria descontaminación. La petición parte de la asociación vecinal de Torreciega, representada por el letrado José Manuel Muñoz, que solicitó hace un mes al Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena que ordenara a Cartagena Parque la entrega del informe de radiactividad «en el plazo perentorio de días». Y que en el caso de que hubiese nuevos retrasos, la Comunidad asumiese su elaboración de manera subsidiaria.

Ahora, la Administración regional exige a la mercantil del promotor Tomás Olivo, propietaria de la mayor parte de los terrenos desde 2018, que entregue el estudio antes del 15 de enero. Cartagena Parque ha ido respondiendo a los numerosos requerimientos de la Comunidad «con el envío periódico de documentación en aras de justificar que está realizando dicho estudio», explicaron desde la Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación, dirigida por Juan María Vázquez. Dicho informe es el paso previo para iniciar el proyecto de descontaminación. Debe definir los materiales contaminados localizados y fijar las actuaciones necesarias. De ahí que le concedan menos de un mes para su entrega.

El mismo requerimiento ha sido enviado a la empresa Maquinasa, sociedad dueña de una parte de la antigua zona industrial. En este caso, la empresa tendrá cuatro meses para presentar su informe. Si la empresa no atiende al requerimiento de Medio Ambiente, este departamento regional procederá a la ejecución subsidiaria del estudio, valorado en 35.840 euros.

Seis requerimientos del Gobierno regional y un intento fallido de ejecución subsidiaria acumula Cartagena Parque desde enero de 2022. Con fecha del 17 de enero y obligada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena y la Fiscalía, la Consejería de Medio Ambiente solicitó el estudio de caracterización radiológica y de los materiales residuales existentes en los terrenos, como subsanación de la documentación técnica presentada por la entidad en su proyecto de descontaminación y exigida a su vez por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En julio de 2021 entregó a la Consejería de Medio Ambiente un proyecto de descontaminación en el que solo abordó lo relativo a la presencia de metales pesados.

La Comunidad repitió los requerimientos en marzo, julio y septiembre de 2022 y a principios del presente año. Este departamento reconoce la «peculiar casuística» de estos terrenos contaminados, que pueden ralentizar unos trabajos complejos, pero quiere constatar que las empresas propietarias del terreno «garantizan la descontaminación de las fincas afectadas porque quien contamina, paga. Pero con el rigor necesario, dado que está en juego la salud pública y el medio ambiente», apuntaron desde la Consejería de Medio Ambiente.

El primer intento de la Comunidad de ejecutar subsidiariamente el estudio radiológico fue en febrero de este año. Pero durante el plazo de alegaciones, la empresa se opuso al procedimiento argumentando que ya había iniciado la ejecución en octubre anterior. De hecho, en marzo de este año una empresa tomó muestras de las balsas de Zinsa para conocer su radiactividad.

En el caso de la sociedad Maquinasa, presentó en marzo de 2021 una propuesta de actuaciones para el saneamiento de su finca, pero la Consejería le exige un proyecto técnico de descontaminación, con un análisis cuantitativo de riesgos.

A pesar de los requerimientos, «la entidad no ha iniciado los trabajos del estudio de caracterización radiológica, lo que está retrasando de forma injustificada el procedimiento de descontaminación», según explicó la Consejería. Tiene cuatro meses, hasta mediados de abril, para entregar el informe. De lo contrario, la Administración regional procederá a la ejecución subsidiaria. Tantos han sido los requerimientos, que el presidente de la asociación vecinal de Torreciega, Teodosio Romero, no cree que este último suponga avances en el largo y lento proceso hacia la descontaminación.