Los trámites del proyecto para descontaminar el terreno de Potasas durarán al menos 4 años

La compañía Ercros, propietaria de la fábrica de productos químicos clausurada en 2001, debe asumir la limpieza del suelo por el principio de quien contamina paga. Pero todos los trámites iniciados ante diferentes organismos públicos, como la Comunidad Autónoma, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), no se concretan en un proyecto técnico. Así que tras tres años de negociaciones sin cerrar entre las administraciones regional y local con Ercros, la Dirección General de Medio Ambiente dio el viernes 15 de marzo un ultimátum a la compañía química. En concreto, un plazo de tres meses para presentar el proyecto de limpieza. En caso de no hacerlo, la Comunidad actuará de manera subsidiaria.

Todo apunta, según fuentes de Medio Ambiente consultadas por LA VERDAD, a que finalmente tendrá que hacerse cargo la Comunidad y reclamar el importe de esos trabajos a Ercros dentro de muchos años, cuando quizás ya no exista la compañía, pendiente en estos momentos de una oferta pública de adquisición (OPA) del grupo portugués Bondalti, y sus actuales directivos ya no lo sean. Todo apunta a que también esta resolución puede acabar en los tribunales, como ya ocurrió con la declaración de suelo contaminado dictada por la misma Dirección General el 26 de septiembre de 2019. En la misma se declaraba obligado a realizar las operaciones de limpieza y recuperación al causante de la contaminación existente, Ercros SA, que producía fosfatos en las instalaciones industriales de la carretera de La Unión.

No obstante, las administraciones regional y local insisten en que lo tienen «todo previsto» para actuar subsidiariamente y que los al menos cuatro años de tramitación administrativa del proyecto técnico «son inevitables, no hay atajo posible ni manera de reducir plazos».

El ultimátum de la Comunidad a Ercros fue formalizado en un requerimiento administrativo que firmó hace dos semanas el director general de Medio Ambiente, Juan Antonio Mata. Según sus técnicos, la compañía ha reunido en los últimos años informes y estudios técnicos que le permiten armar en tres meses un proyecto básico de actuación en los terrenos. Dicho trabajo es necesario para realizar la correspondiente evaluación medioambiental y calcular el coste de las actuaciones, que será menos de veinte millones de euros, según las estimaciones más baratas. Ercros no podrá recuperar todo lo que invierta en esta operación, pues ya no posee ni un solo metro de suelo en la zona. Ya no gana nada en Cartagena.

Dos semanas después del requerimiento, la Comunidad aún no ha recibido respuesta de la compañía. Ésta sí envió un comunicado el mismo día 15 en el que planteó a la Dirección General de Medio Ambiente proseguir con las reuniones de trabajo y que a ellas se incorporaran abogados de la Comunidad y técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear. También pidieron darle participación a las asociaciones de vecinos de los barrios más cercanos a la antigua Potasas.

La Comunidad mantiene que todos los trabajos técnicos presentados por Ercros para la limpieza de El Hondón no tienen consideración de proyecto. También, que la solución que plantea no alcanza a las 108 hectáreas afectadas por distintos tipos de contaminación y limita actuaciones futuras, pues básicamente consiste en proteger el subsuelo con capas de materia geotextil y cubrirlas con treinta centímetros de tierra. «Con eso no puedes ni plantar un árbol», según técnicos de la Administración.

Los terrenos que ocupaba la fábrica de Potasas y Derivados hasta diciembre de 2021 en El Hondón fueron señalados por el Ayuntamiento de Cartagena pasa desarrollar una gran expansión urbanística del casco urbano hacia levante: el Ensanche Este o «segundo ensanche de la ciudad», como lo denominó la alcaldesa Pilar Barreiro cuando lo ideó en 2002. Pero la compleja labor de descontaminación de los terrenos y la falta de un Plan General de Ordenación Urbana actualizado han impedido materializar dicha idea en los últimos veintidós años.

El Ayuntamiento, a través de la sociedad pública Podecasa, adjudicó en 2002 a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña el diseño del espacio que dejaba libre la fábrica y los terrenos contiguos, de titularidad pública. Con criterios de «ecociudad» y «sostenibilidad», términos muy poco escuchados hasta entonces, los expertos de la universidad catalana propusieron que el desarrollo urbanístico girase en torno a dos parques: uno forestal de 17 hectáreas, con edificios para usos deportivos, y otra zona verde central de cinco hectáreas para vertebrar la zona de actuación, de 108 hectáreas de superficie total. La prolongación del Paseo de Alfonso XIII iba a ser el eje de desarrollo. Y en la zona habría 4.500 nuevas viviendas, en edificios de seis alturas y alguna torre singular capaces de albergar a 17.000 vecinos. Todo ello, pensando también en compaginarlo con la entrada soterrada del tren de alta velocidad. Años después se revisó dicho plan para reducir el número de viviendas. Nada de eso ha salido adelante.