Solo quince familias dejan el camping El Portús pese a la orden de desalojo

Los abogados de la recientemente constituida Asociación Cala Morena, que aglutina a la mayoría de los afectados por el desalojo masivo, presentaron en los juzgados de Cartagena una solicitud de medidas cautelares, en la que reclamaban la suspensión del desalojo. Esta fue presentada en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Cartagena. También han reclamado a la dirección del Complejo Náutico El Portús que se «abstenga de realizar cualquier acto que perturbe el legítimo derecho de propiedad o el acceso a nuestras viviendas privadas, impedirnos el paso por la barrera de entrada por medios mecánicos o físicos, o el corte de suministros básicos de luz y agua», según informó el colectivo de afectados a LA VERDAD este jueves.

El próximo día 1 de febrero se celebrará la vista de las medidas cautelares y en ella los inquilinos esperan que la decisión judicial les sea favorable. Eso les hará ganar tiempo hasta que haya una sentencia firme y evitará que tengan que abandonar las que han sido sus viviendas para muchos de ellos durante las últimas cuatro décadas.

Buscan cualquier resquicio para revocar esta situación. Saben que será difícil. Al menos quieren obtener una compensación por sus viviendas. La mayoría son prefabricadas, difíciles de mover, y otras son de obra, imposibles de transportar. El aviso recibido en noviembre señala que antes de que se cumpla la fecha límite, – a la mayoría el 31 de diciembre de 2023–, las personas implicadas deben «proceder al desalojo de la parcela, retirando sus enseres personales, así como otros elementos de acampada, y dejar aquella limpia y expedita».

Según la asociación de afectados, los dueños pretenden «perpetrar un fraude de ley» amparándose en el Decreto 193/2022 de 27 de octubre que prohibe a los campistas permanecer en el recinto por periodos superiores a un año. Todo ello, añadieron las mismas fuentes, «sin tener en cuenta que la situación jurídica de estas personas es muy anterior a dicha normativa, y que no pueden aplicar a los propietarios de las viviendas ubicadas en el interior del camping una normativa que no se ha dictado para dichos propietarios, sino para usuarios vacacionales». En eso es, precisamente, en lo que basarán su escrito de demanda que preparan entre todos.

Los inquilinos recibieron el pasado 2 de enero una nueva comunicación de la empresa en la que les instaba a abandonar las instalaciones, como la primera, la del pasado 9 de noviembre. Este nuevo escrito ha sido tomado por los afectados como una medida de «presión» por parte de la empresa.

La carta recuerda que tras «haber finalizado el periodo máximo de estancia temporal de 12 meses pactado y autorizado legalmente, debe proceder al inmediato desalojo de la parcela». Indica que cualquier pertenencia y elemento de acampada que no sea retirado, «se entenderá que queda en estado de abandono y la propiedad no será responsable de su conservación ni custodia».

En ese documento, la empresa es muy clara y dice que de no proceder al desalojo, «daremos instrucciones a nuestros abogados para que inicien, de manera inmediata, las acciones judiciales civiles y penales correspondientes ante los tribunales».

Estas consisten, recalcan los dueños, «no solo en el inmediato desalojo de las instalaciones, sino en exigir, además, el resarcimiento de cuantos daños y perjuicios sean causados a Complejo Náutico El Portús, por su actuación dolosa y contraria a derecho, entre los que se incluirán los costes equivalentes a la tarifa diaria del camping durante el tiempo en que persista su conducta; el 100% de los costes asociados al desmantelamiento; y todos los daños actuales y futuros asociados a la imposibilidad de hacer uso de las instalaciones por la propiedad».

La empresa gestora del Camping Naturista El Portús, Newtown Capital SL continúa con la mano tendida a los campistas afectados por el desalojo que pidan ayuda. Aunque no quisieron hacer declaraciones sobre las nuevas comunicaciones enviadas a los inquilinos, sí que aseguraron que sigue dando «facilidades, en la medida de lo posible, para aquellos clientes que disponen de menos tiempo para dejar sus parcelas». También se reiteraron en los explicado a principios de noviembre, cuando remitieron la primera carta de petición de abandono.

La razón de enviar las cartas a los inquilinos de sus instalaciones y darles un tiempo para abandonarlas, es por un lado, para cumplir el Decreto 193/2022, de 27 de octubre, por el que se regulan los alojamientos turísticos en las modalidades de campings y áreas de autocaravanas, caravanas, cámper y similares en la Región de Murcia. Y por otro, porque «estamos abordando un proceso de renovación y modernización de las instalaciones, para dotarlas de mayores estándares de calidad y sostenibilidad, y adaptarnos a la normativa vigente en la Región de Murcia en materia de campings».

Esta situación, según fuentes de la Asociación Cala Morena afecta a unas 600 personas, algunos de ellos de edad avanzada, que carecen de otra vivienda y en algunos casos en situación de dependencia y minusvalía, lo que supone un grave problema social, que afecta al derecho constitucional a la vivienda y les pone en situación de vulnerabilidad.

En esta comunidad de inquilinos hay personas procedentes de varios países, entre ellos mucho son de España, pero también los hay de Francia, Reino Unido, Alemania y Bélgica, que carecen de otra vivienda y además se consideran propietarios de las edificaciones que hay en el recinto.