Solo la mitad de los afectados por el desalojo del camping El Portús dejan las instalaciones

De los que aún permanecen en las parcelas y bungalós, unos sesenta insisten en que se quedarán en sus viviendas y que pelearán en los juzgados por evitar su salida o, al menos, lograr una indemnización de los propietarios. Otros cuarenta, aproximadamente, según fuentes cercanas a la empresa, ya negocian su marcha. Estos podrían abandonar las instalaciones en las próximas semanas o a lo largo de este verano.

La empresa propietaria del complejo turístico envió el pasado 9 de noviembre a todos los arrendatarios, casi 200, requerimientos para que conforme se cumplieran sus contratos de alquiler de larga duración de las parcelas las dejaran libres. A unos se les acababa en diciembre, a otros en febrero, a otro grupo en marzo y a los últimos, a finales de este mes de junio.

Los dueños del complejo vacacional mantienen su argumento de que están abordando un proceso de renovación y modernización de las instalaciones para dotarlas de mayores estándares de calidad y sostenibilidad, y adaptarse así a la normativa vigente en la Región de Murcia en materia de campings. El artículo 9 del Decreto 193/2022, de 27 de octubre, por el que se regulan los alojamientos turísticos en las modalidades de campings y áreas de autocaravanas, caravanas, camper y similares en la Región de Murcia, «la estancia en los establecimientos será siempre con carácter temporal, no pudiendo ser superior a 12 meses». Es un tiempo que todos los afectados ya han excedido, excepto para uno grupo reducido que será a finales de este mes de junio.

Los propietarios están a la espera de recibir por parte del Ayuntamiento de Cartagena la licencia de obra para comenzar las trabajos de reforma, que consisten, según indicaron en las cartas enviadas a los inquilinos en noviembre, en «hacer la estancia más confortable y con mayores estándares de calidad».

El problema es que entre los inquilinos hay personas mayores que no tienen dónde ir, enfermos y personas con movilidad reducida sin recursos suficientes para buscar otro alojamiento. También los hay que en la actualidad residen en otros países. La mayoría de los que ya han abandonado sus parcelas eran inquilinos que vivían en autocaravanas. Otros, directamente han querido cerrar este episodio de sus vidas y se han ido a vivir de alquiler.

El centenar que aún no han dejado el camping se han unido en la Asociación Cala Morena. Aglutina a la mayoría de los afectados por el desalojo masivo. Estos presentaron en los juzgados de Cartagena una solicitud de medidas cautelares, en la que reclamaban la suspensión del desalojo, entre otras cosas, pero esta petición fue desestimada a principios de mayo.

Entre los que no se quieren ir está Eugenia Rico. Lleva 18 años viviendo en el camping con su pareja, David Malamut, y su hija, Iris, que nació allí. «No me voy a marchar. Somos propietarios y vamos a defender nuestras casas hasta el final. Aquí hay gente que no puede dormir, que están con ansiedad, depresión y a algunos les ha dado hasta un ictus por esta situación. Esto es injusto», dijo ayer.

Pero no todos están en esa situación. Hay quienes quieren ir por libre y negociar una indemnización por sus casas, estas fabricadas en ladrillo. El abogado Carlos García Gil, cuyo despacho está en la calle Mayor, lleva el caso de una pareja de valencianos que pide 58.000 euros.

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Cartagena ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por inquilinos del Camping Naturista de El Portús contra la obligación de abandonar las instalaciones emitida por la empresa propietaria contra unos doscientos de ellos. Estos pidieron que se impidiera el acceso a sus viviendas, que no se hiciera el desalojo por la fuerza ni de manera unilateral, y que no se cortaran los suministros de luz y agua. Han recurrido a la Audiencia Provincial.

Los abogados de la recientemente constituida Asociación Cala Morena, que aglutina a la mayoría de los afectados por el desalojo, presentaron en los juzgados de Cartagena una solicitud de medidas cautelares, en la que reclamaban, además, la suspensión del desalojo. La resolución iba a ser emitida en febrero, pero el juzgado la retrasó ante la presentación en la causa de más afectados. Finalmente, el pasado 2 de mayo, el juzgado desestimó esa petición, ya que cada uno de los casos presentados eran diferentes.

Los inquilinos esperaban que la decisión judicial les hubiese sido favorable. Eso les habría hecho ganar tiempo hasta que hubiera habido una sentencia firme y esta evitara que tuvieran que abandonar las que han sido sus viviendas para muchos de ellos durante las últimas cuatro décadas.

Buscan cualquier resquicio para revocar esta situación. Saben que será difícil. Al menos quieren obtener una compensación por sus viviendas. La mayoría son prefabricadas, difíciles de mover, y otras son de obra, imposibles de transportar. Los que insisten en quedarse, unos sesenta de los casi doscientos, están dispuestos a llegar hasta el final, por eso ya preparan una demanda colectiva para hacer frente a la insistencia de los propietarios de abandonar las instalaciones en las que residen.