El sellado «inmediato» de las antiguas balsas de residuos peligrosos de Española del Zinc (Zinsa) ordenado en agosto por el Juzgado de Instrucción 5 de Cartagena a la empresa Cartagena Parque se complica. La compañía, propietaria de los depósitos y de la parcela donde se encuentran, ha presentado un escrito de alegaciones donde pide al magistrado Ignacio Munítiz que le aclare si «está obligada a esperar que la Comunidad Autónoma apruebe el proyecto» de remediación de la finca (pendiente aún de un informe del Consejo de Seguridad Nuclear) «o debe efectuar las obras sin la correspondiente autorización». Cartagena Parque solicita también que se aclare «cuáles son las celdas que se consideran peligrosas».
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La Asociación de Vecinos de Torreciega, que ejerce la acusación particular por un presunto delito contra el medio ambiente, ha comunicado al juez que las últimas lluvias han causado nuevos lixiviados de aguas con metales pesados, que acaban en el puerto, y ponen en riesgo la vida de aves acuáticas protegidas que beben agua en las balsas. El abogado José Manuel Muñoz Ortín instan al magistrado «a exigir la ejecución inmediata, con indicación expresa de plazo», del sellado; y la ejecución subsidiaria por la Comunidad, si los dueños no actúan.
El juez ordenó enviar un oficio a la Consejería de Medio Ambiente para que conociera las medidas cautelares y le concretara cómo se realizará la retirada de residuos de la parcela y la contención de escorrentías. Medio Ambiente no había recibido aún ayer tal notificación, aseguraron a LA VERDAD fuentes de la Consejería.
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