La recuperación de los terrenos de El Hondón y Torreciega, con los que Cartagena da una penosa imagen de bienvenida a la ciudad desde hace décadas, no solo está enredada en trámites administrativos. Junto a esta maraña burocrática hay dos procesos judiciales abierto, en los que se dirime la responsabilidad de las empresas obligadas por la Comunidad Autónoma a descontaminar los suelos y el alcance de esas exigencias.
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En el Juzgado de Instrucción 5 de Cartagena, la compañía Cartagena Parque se ha visto imputada por una presunta falta contra el medio ambiente por el persunto abandono de los antiguos terrenos de Española del Zinc (Zinsa). En esta causa, afronta también una posible orden de vaciado de las balsas de residuos peligrosos, medida cautelar solicitada por la Asociación de Vecinos de Torreciega y que depende del resultado de unos análisis solicitados al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). Este cuerpo entregó ya un informe donde advierte de los daños causados al medio ambiente, en especial la muerte de aves protegidas, y el riesgo inadmisible que soportan los vecinos de Torreciega y los trabajadores del polígono Cabezo Beaza.
En paralelo, la Consejería de Medio Ambiente está tramitando su propio expediente de ejecución subsidiaria del vaciado y la clausura de las balsas y ha denunciado ante la Fiscalía a la compañía por haber desobedecido su requerimiento de retirar los desechos industriales.
La empresa rechaza las acusaciones e insiste en que cualquier actuación debe limitarse al proyecto de descontaminación que presentó en julio.
En todo caso, la mercantil ha solicitado en un juzgado mercantil de Murcia la anulación de la subasta en la que compró los terrenos, debido a problemas con su inscripción en el Registro Mercantil libre de cargas. Respecto a Ercros, aunque también ha presentado el proyecto que le ordenó la Comunidad, batalla en los juzgados para librarse de la obligación de descontaminar.
Fuentes de la compañía explicaron a LA VERDAD que interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) un «recurso contencioso-administrativo contra la resolución de declaración de suelo contaminado» dictada por la Consejería de Medio Ambiente. El tribunal aún debe resolver.
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