Los padres del colegio Enrique Viviente de La Unión claman por una solución para los residuos peligrosos

El Gobierno regional sigue sin solucionar las discrepancias surgidas entre la Dirección General de Medio Ambiente y la de Energía y Actividad Industrial y Minera acerca de si se trata de residuos industriales o mineros y quién tiene las competencias para actuar. Mientras, el abandono de la terrera desde hace varias décadas plantea potenciales riesgos para niños, maestros y otros trabajadores del colegio; y para el entorno natural, dada la dispersión de partículas por la lluvia y el viento.

«Exigimos que, después de tres años, Minas y Medio Ambiente se pongan de acuerdo sobre quién tiene las competencias para forzar a la empresa que dejó los residuos o a los propietarios de los terrenos a sacar de ahí el material y descontaminar el suelo; y, si se niegan, que la Administración actúe de forma subsidiaria», explicó a LA VERDAD el vicepresidente de la Asociación de Padres, Pedro Hoyos.

Y añadió que si persiste el choque entre la Consejería de Medio Ambiente, que dirige Antonio Luengo, y la de Empresa (donde está Minas), que ha pasado de Ana Martínez Vidal a Valle Miguélez, «acudiremos al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras». «Nuestros hijos son ya de por sí vulnerables por su discapacidad», recordó Hoyos. Y pidió a las autoridades «que tengan responsabilidad y sensibilidad».

La preocupación de los padres por los metales pesados obedece a varios motivos. Uno es la proximidad de la montaña de residuos al colegio, cuyo patio (al igual que el del instituto) hormigonó la Comunidad por los elevados niveles de plomo, arsénico y zinc hallados. En segundo lugar, recordaron que una decena de alumnos, de los 24 sometidos en verano a análisis por la Consejería de Salud, presentaron distintos niveles de plomo en sangre. Salud indicó que ninguno de los escolares superó los 3,5 microgramos por decilitro, cifra inferior a los 5 establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para realizar un «estudio de exposición». Pero prometió repetir los análisis, medida retrasada por la pandemia.

El vicepresidente de la Asociación de Padres, Pedro Hoyos, apuntó también que en la localidad cartagenera de Llano del Beal el Ayuntamiento y la Comunidad están tramitando la descontaminación de la balsa minera San Agustín, la mitad de la cual pertenece a Portmán Golf, por su cercanía al colegio público San Ginés de la Jara. El patio de este centro fue pavimentado en 2017, también por el riesgo de los metales.

Los padres tienen el apoyo del edafólogo José Matías Peñas, quien considera necesario actuar ante el «riesgo químico». Peñas indicó que, en un reciente informe, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) advirtió de que «el riesgo en los residuos de las fundiciones» es causado «no tanto por la radiactividad como por la toxicidad» de los materiales. «Tanto para esta actividad industrial como para la mayor parte de las industrias NORM (siendo las mismas las que llevan a cabo actividades y labores que implican la generación, almacenamiento o manipulación de residuos que contienen radionucleidos naturales, conocidos como residuos NORM), los riesgos asociados a la exposición de metales pesados son generalmente muy superiores a los riesgos radiológicos», explicó el CSN en un informe de 2020.

El investigador señaló también que, en una reciente reunión del Comité de Expertos del Prasam (Plan de Recuperación de Suelos Afectados por la Minería) de la Comunidad, un representante de la Dirección General de Salud Pública expuso que la restauración ambiental de este entorno educativo debe ser una prioridad, como medida de «precaución».