Los pactos urbanísticos de Barreiro costarán 11 millones más hasta 2029

La factura definitiva por los convenios urbanísticos incumplidos y las expropiaciones a la baja realizados en la anterior etapa de gobierno local del Partido Popular ya está sobre la mesa: 16 millones de euros. De esta cantidad, el Ayuntamiento de Cartagena aún tiene pendiente el pago de 11 millones, una cantidad que tiene previsto desembolsar en plazos anuales de distinta magnitud y que lastrará las cuentas municipales durante diez años. El importe total creció por los intereses de demora acumulados durante años.

Esta herencia de los ejecutivos de Pilar Barreiro (1995-2015) se refiere a operaciones relativas a terrenos del casco histórico, Barrio Peral, La Manga y La Azohía, entre otras zonas. El municipio consiguió con esos pactos construir los interceptores de pluviales de la zona norte, construir la Ronda Transversal y hacerse con la antigua plaza de toros, para la excavación arqueológica del Anfiteatro Romano.

Pero o no pagó el precio adecuado a empresas y particulares afectados por expropiaciones, por ejemplo a través de la Sociedad Municipal Casco Antiguo; o no cumplió las obligaciones a las que se comprometió con varias mercantiles por convenio.

También causó un perjuicio de 5 millones de euros a una promotora con la anulación de la licencia para construir 24 apartamentos turísticos en La Azohía. En estos casos, los afectados acudieron a los tribunales o amenezaron con hacerlo, con lo que forzaron a negociaciar indemnizaciones.

Tras una primera revisión de los equipos de PSOE y MC en la anterior legislatura, ha sido sacada por completo de los cajones y actualizada por el actual gobierno de coalición. Tras una oleada de condenas judiciales y forzado por el interventor municipal, el Ejecutivo formado por exediles socialistas (con la alcaldesa y concejal de Urbanismo Ana Belén Castejón a la cabeza) y de PP y Ciudadanos pidió en enero a los servicios jurídicos y urbanísticos un diagnóstico de la situación. En concreto, solicitó un «informe sobre la estimación de costes derivados de sentencias pendientes y de acuerdos urbanísticos con compensación de suelos que, finalmente, deberán abonarse en metálico, como consecuencia de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana». Ello debía incluir «los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se tramiten por este mismo motivo».

Pues bien, según han confirmado a LA VERDAD fuentes municipales el resultado de esta suerte de auditoría interna ha desvelado que, desde el año 2016, el Consistorio ha pagado ya 4.963.439 euros y que le quedan por abonar, hasta el año 2029 incluido, 8.200.064 euros. Hay que sumar una deuda con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), del Ministerio de Fomento, por 2.552.625 euros para compensar el suelo de la Vía Verde de Barrio Peral.

Además, hay riesgo de tener que pagar 300.000 euros por la pista del Juego de Bolos de Barrio Peral, un acuerdo de la etapa de José López como alcalde y concejal de Urbanismo, por MC. Castejón bloqueó la compra, al considerar excesivo el precio. También está pendiente el pago o una compensación urbanística por una parcela (luego descartada) para el nuevo colegio de La Aljorra.