La oposición pide cuentas al equipo de gobierno de Cartagena por la gestión de Lhicarsa

La oposición en el Ayuntamiento de Cartagena hace frente común para solicitar un Pleno extraordinario que aclare y cuantifique «el dinero de más que percibe Lhicarsa desde 2005» por el servicio de limpieza viaria y basuras, a la vista del informe emitido por el Tribunal de Cuentas cuestionando aspectos importantes del contrato.

MC, Podemos y Vox ofrecieron una rueda de prensa conjunta este martes para exigir al equipo de gobierno la rendición de cuentas. La oposición quiere que el Pleno valore «la cuantía que la concesionaria debe devolver a los cartageneros o ponga en marcha el procedimiento para conocer esta cifra y tomar las medidas oportunas». Finalmente, y para que los tres grupos municipales puedan exponer su postura en la sesión, solo registraron la petición los concejales de MC, que cumplen con el requisito del reglamento: representan más de la cuarta parte de los veintisiete miembros de la corporación. Aunque cuentan con el respaldo de los cuatro concejales de Podemos y Vox.

Para el portavoz de MC, José López, «ya no hay tiempo para más excusas», como la fórmula anunciada por la alcaldesa, Noelia Arroyo, de consultar al Consejo Jurídico de la Región de Murcia la aplicación de algunas medidas que corrijan las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas.

«Son los servicios municipales los que deben estudiar el informe», indicó López y aludió a la reciente incorporación al Consejo del letrado que defiende los intereses de Lhicarsa, Salvador Pérez Alcaraz.

Entre las principales anomalías, según el documento, están las dos prórrogas del contrato a la empresa mixta Lhicarsa (formada por FCC y el Consistorio) por diez años, hasta 2030. Estas se realizaron sin «cobertura legal», en los años 2005 y 2013, con Pilar Barreiro, del PP, en la alcaldía. El informe también recoge que no fueron debidamente justificadas las subidas de precio del contrato, que han elevado el coste desde los 7,6 millones de euros del año 1994 a los 36 actuales. Ni las prórrogas ni las revisiones estaban previstas en el pliego de condiciones, aprobado durante el gobierno del alcalde socialista José Antonio Alonso.

López, que en su etapa de alcalde no tomó decisiones relevantes respecto a Lhicarsa, insistió en que los perjudicados de esta situación son los ciudadanos. «Los cartageneros sufren el aumento del precio del servicio, las prórrogas de contrato ilegales, los ingresos por diferentes conceptos que nunca llegan a las arcas municipales y los costes ilegales por asesorar a la contra o no hacerlo». Y entre tanto, la suciedad de Cartagena es una de las principales inquietudes vecinales.

El viceportavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, denunció que FCC logró «veinte años más de contrato sin concurrencia ni publicidad». Sobre la subida del precio, indicó que «obtiene 39 millones de euros cuando debía cobrar 8 y recibe 3 millones cada año en concepto de asistencia técnica, que introdujo FCC sin aparecer en el pliego».

También la portavoz de Podemos, Leli García, remarcó que «las presuntas irregularidades que venimos denunciando desde hace tiempo ya son hechos consumados. El Tribunal de Cuentas nos da la razón». Insistió en la remunicipalización del servicio y exigió transparencia. «En los últimos meses hemos solicitado con MC la apertura de varias comisiones de investigación que han sido rechazadas por el equipo de gobierno», recordó. A su juicio, el Ayuntamiento mantiene a toda costa el contrato a Lhicarsa por un servicio «pésimo».

El portavoz de Vox, Gonzalo Abad, lamentó que no es la primera vez que el Tribunal de Cuentas pone en entredicho la gestión realizada por el equipo de gobierno. El edil recordó que las irregularidades vienen de la época de la «inefable» Pilar Barreiro, y tienen mal arreglo, en su opinión. «¿Dónde estaba la oposición para no recurrir estas prórrogas?».

En respuesta a los grupos políticos de la oposición, el concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, los acusó de «haber comenzado la campaña electoral» y presentar «como sentencias unos informes del Tribunal de Cuentas que son recomendaciones». Ortega aseguró que los técnicos municipales estudian estas sugerencias para aplicar al contrato de limpieza porque hay cuestiones que «generan muchas dudas». Por ello, insistió en que acudirán a los órganos consultivos de la Comunidad Autónoma para tener el mayor respaldo legal antes de tomar cualquier decisión.

Ortega criticó que el portavoz de MC habla mucho desde la oposición «pero desde el gobierno no hizo nada, ni impuso sanciones, ni la separación de medios. Lecciones sobre legalidad de López, ni una».

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