La gestión del dispositivo de atención a inmigrantes desplegado desde hace más de un año en el campamento del antiguo Hospital Naval de Cartagena y ... gestionado por una ONG, Accem, se verá reforzada con una nueva estructura de personal funcionario, en la que está trabajando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde hace meses.
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De momento, el departamento gubernamental dirigido por Elma Saiz solo ha sacado a concurso una plaza de empleo público de libre designación para cubrir el puesto de director del denominado centro de atención, emergencias y derivación (CAED) de Cartagena. La oferta fue publicada en el Boletín Oficial del Estado a finales de noviembre, junto con las de responsables de los centros similares abiertos también en el barrio madrileño de Carabanchel y en la ciudad de Alcalá de Henares.
El aspirante que obtenga la plaza sustituirá al funcionario que ejerce en funciones desde su apertura en noviembre de 2023, el director del centro de recepción, atención y derivación para personas desplazadas desde Ucrania (Creade) de Torrevieja. Una vez que Migraciones haga el nombramiento oficial, éste dejará sus funciones en Cartagena.
En los últimos meses también se han destinado dos funcionarios de nuevo ingreso en la Secretaría de Estado de Migraciones, cuya titular es Pilar Cancela, al centro de Cartagena. Los dispositivos de emergencia fijados por Migraciones son gestionados de forma directa por Accem, entidad que presta parte del contenido programático. Por su parte, la Administración gestiona las relaciones externas e institucionales, el régimen de control, económico y patrimonial, así como la coordinación con la propia ONG.
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Pese a que parece lógico pensar que dotar al campamento del Naval de una estructura funcionarial a seis meses de la fecha comprometida para el desmantelamiento de esta infraestructura temporal sobre instalaciones cedidas por el Ministerio de Defensa es una evidencia más de que Migraciones no se plantea cerrarlo debido al contexto incierto de crisis migratoria como la que viven las Islas Canarias, desde Migraciones puntualizan que la habilitación de los 14 nuevos centros de acogida de protección internacional (CAPI) para derivar a los inmigrantes que ahora llegan a Cartagena «ya está en marcha». Pero no aclararon si estarán a tiempo para junio.
Las obras en ocho de los nuevos CAPI ya están adjudicadas o iniciadas, según Migraciones. Este el caso del que levantan en la Avenida de Europa de Soria, que tendrá 7.000 metros cuadrados construidos para albergar a 203 residentes y cuyo contrato de adjudicación se formalizó en diciembre. Los trabajos valorados en 13.185.276 tienen un plazo de ejecución de 18 meses.
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Algunos de estos centros para refugiados fueron esbozados por el antecesor de Saiz y su equipo, José Luis Escrivá. Aquí destaca el de Azuqueca de Henares, en Guadalajara, cuya Corporación municipal, liderada por un alcalde socialista ha solicitado al Ministerio de Migraciones la paralización del proyecto.
Por otra parte, se rehabilitarán seis instalaciones ya existentes para convertirlas en CAPI, que están en fase de lanzamiento de licitación de las obras.
En cualquier caso, la previsión de Migraciones es ampliar la capacidad del sistema de acogida mediante la creación de 6.000 nuevas plazas en diversas localidades españolas, «ninguna de ellas en la Región de Murcia», antes de junio de 2026. Esta es la fecha de finalización del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos, y al amparo del que se desarrolla esta actuación.
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En este contexto y para evitar que las cifras de usuarios se conviertan, según el Ministerio, en un arma arrojadiza utilizada de forma interesada y partidista, ya no ofrece el número de entradas y salidas de un centro que, como defienden desde el principio, es de «alta rotación» porque los inmigrantes son desplazados a otros lugares o les ayudan a encontrar una alternativa habitacional en el plazo de un par de meses para resolver su futuro más inmediato. Tampoco lo hace el Ayuntamiento de Cartagena, al que se informa puntualmente de los registros diarios.
No obstante, según fuentes cercanas al antiguo recinto militar propiedad de Defensa, los usuarios no exceden de las mil personas diarias, dentro de las 1.078 plazas de capacidad de las carpas dispuestas en el aparcamiento del hospital con las últimas ampliaciones realizadas por Migraciones a espaldas del Ayuntamiento de Cartagena. Y aseguraron que en estos catorce meses que lleva abierto el campamento han pasado por allí casi cinco mil personas.
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Hasta noviembre del pasado año, la ONG Accem atendió a 51.598 personas migrantes, de las cuales 7.416 recibieron asistencia en la Región de Murcia. Las principales nacionalidades de procedencia fueron Senegal (1.568), Argelia (1.255), Mali (1.204), Marruecos (867) y Colombia (485).
La presión migratoria sobre las Islas Canarias sigue creciendo, donde no cesa la llegada de cayucos desde el inicio del año. De hecho, el Gobierno y Canarias trabajan en una fórmula de distribución «puntual» de menores migrantes no acompañados entre comunidades que, según el presidente canario, Fernando Clavijo, supondría el traslado de unos 4.000 jóvenes desde las islas y otros 400 desde Ceuta para aliviar el colapso que sufren las Islas Canarias, sin modificar la actual ley de extranjería.
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Al respecto, un informe de Cruz Roja ha revelado que uno de cada siete inmigrantes llegados a Canarias de forma irregular el pasado año era menor de edad. Por su parte, el Ministerio del interior cifra en 46.843 las personas rescatadas en pateras con destino a Canarias en 2024. Este es el récord de la 'ruta atlántica' desde que hace tres décadas arribó la primera patera a Fuerteventura.
La atención proporcionada por Accem va desde la acogida hasta el acompañamiento. Este incluye asistencia social para facilitar su integración en el país, asesoramiento jurídico para regularizar su situación y apoyo psicológico para afrontar, entre otros, traumas derivados de su experiencia migratoria. En el campamento del Naval hay cerca de 200 personas empleadas por la ONG.
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Actualmente gestiona cerca de 10.000 plazas de acogida en toda España, más de 4.000 de ellas en Canarias, con el objetivo de proporcionar «una atención digna a las personas que llegan a las costas españolas, en una situación de gran vulnerabilidad».
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