La juez ordena la detención del cirujano que realizó la lipoescultura a Sara

La titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Cartagena ordenó este martes a la Policía Judicial la localización y la detención del cirujano que intervino a Sara Gómez, la mujer de 39 años que falleció tras someterse a una lipoescultura. Fuentes de la Fiscalía indicaron que la magistrada actuó de oficio, oídos los argumentos de la acusación particular y ante la incomparecencia de este médico, al que había citado a declarar a las diez de la mañana.

En su resolución, la magistrada explica que es necesario dilucidar si los hechos pudieran ser constitutivos de un «presunto delito de homicidio por imprudencia profesional grave» y ordena la detención del médico porque no tiene «el convencimiento fundado de que comparecerá en sede judicial a la vista de los antecedentes». La juez quiere «valorar si ha intentado eludir la acción de la Justicia», tras analizar «la información recabada por los agentes en diferentes comunicaciones con su entorno», informa el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

La acusación particular, que corre a cargo del letrado Ignacio Martínez, pidió como medidas cautelares que el juzgado retire el pasaporte a este profesional y suspenda cautelarmente el permiso para el ejercicio de la medicina. La juez se pronunciará una vez haya tomado declaración a esta persona como investigada por homicidio imprudente y revisados los informes definitivos sobre la autopsia. También una vez analizados los papeles que ha solicitado a la Clínica Virgen de la Caridad de Cartagena, donde tuvo lugar la intervención.

Al no acudir el médico, los familiares y amigos de la mujer fallecida, que aguardaban ante el juzgado con pancartas en recuerdo de su memoria, no pudieron hacerle ver la conmoción que sufren. Sin embargo, allí permanecieron toda la mañana para hacer visible su dolor.

«Esperamos que la juez tome alguna decisión firme respecto a esta incomparecencia», indicó Ezequiel Nicolás, portavoz de la familia, tras comprobar que no iba a haber declaración. «Lo cierto es que aquí no se han presentado ni él ni ningún representante legal suyo», indicó. Además, en el entorno de la víctima sospechan que el médico puede haber huido a Chile, su país de origen, después de que la Policía no consiguiera localizarle para entregarle la citación, tal y como le notificó a la juez.

La muerte de Sara Gómez el pasado día 1 de enero, tras un mes de tratamiento infructuoso de las secuelas que presuntamente habría causado la intervención, llevó a la familia a considerar que se trata de «un homicidio; ni más ni menos», según Nicolás. «Por eso pedimos que esta persona sea citada de nuevo y responda en los juzgados por los hechos», añadió.

El Colegio Oficial de Médicos de la Región no actuará de oficio contra el cirujano. Su presidente, Francisco Miralles, explica que, en el caso previsible de que les llegue una denuncia por este caso, como es habitual, esta será estudiada por la junta directiva. Si se aprecian indicios de una posible mala praxis, el caso quedará en manos de la comisión deontológica, que podría acordar incluso, como ha ocurrido en otros casos, la suspensión o inhabilitación de este profesional que, confirma Miralles, sí se encuentra colegiado en esta institución. «Al colegio es al que más le interesa ser garante de una buena praxis», recalca. El presidente de la institución hace hincapié, no obstante, en que el caso está judicializado y cualquier actuación en el Colegio quedaría suspendida a la espera de la decisión de los tribunales.

Miralles recuerda que no existe una ley que regule la especialidad de cirugía plástica. Preguntado sobre la posible aprobación de una norma específica, reconoce que a día de hoy hay muchos profesionales trabajando en este campo y defiende los beneficios de su regulación. Remarca, no obstante, que «hay mucho debate sobre eso y quizás no es el momento de abrirlo».

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