Luengo admite ahora que no pueden obligar a las empresas a descontaminar la Sierra Minera

El director general del Mar Menor y Medio Ambiente, Antonio Luengo, admitió este miércoles en la Asamblea Regional que es necesario aprobar un nuevo «marco normativo» que permita a la Comunidad tener herramientas para que los explotadores y propietarios de terrenos en la Sierra Minera paguen los costes de la descontaminación y «nadie pueda eludir responsabilidades». Y es que Luengo reconoce ahora que el Gobierno regional no puede obligar a las empresas a la limpieza de los suelos porque no están declarados como contaminados, aunque la Comunidad «intenta agilizar su limpieza».

«Nos encantaría poder ser mucho más contundentes para pedir que descontaminen pero no se puede hacer cumplir la ley si no hay un marco normativo que lo ampare», declaró Luengo en su comparecencia ante la ponencia abierta en la Asamblea Regional para abordar la problemática socioambiental de la Sierra Minera de La Unión y Cartagena.

El director general apuntó que es importante llevar a cabo esa nueva normativa para evitar que los propietarios de los terrenos tengan un «resquicio» que les permita no correr con el gasto de descontaminación, al tiempo que recordó que siguen vigentes las concesiones de explotación minera y que están catalogados como suelos de uso minero y no como suelos contaminados.

Asimismo, Luengo remarcó que el Plan para la Recuperación Ambiental de los Suelos Afectados por la Minería(Prasam) es una «hoja de ruta» para intentar «alinear» a todas las administraciones en la recuperación de la zona a través de 30 acciones, la mitad de las cuales implican a la Dirección General del Mar Menor y Medio Ambiente.

Así, enumeró que su departamento va a recopilar y actualizar los estudios científicos, evaluar el flujo de metales pesados hacia el mar Menor, así como la licitación del análisis de presencia de metales pesados en el aire, proyecto que ha pasado de 135.000 euros a un millón de euros para extender los periodos y las zonas de investigación.

No obstante, Luengo defendió las medidas puestas en marcha por el Gobierno regional, pero reconoció que «no se están haciendo con la máxima celeridad» ante la complejidad de la situación en la Sierra Minera.

El director general reveló que el Ejecutivo murciano ha abordado con los vecinos de la zona la identificación de las áreas donde se puede llevar a cabo actuaciones ambientales, como la reforestación en los límites urbanos para retener las escorrentías con metales pesados y el transporte de estos materiales por vía aérea.

Desde los grupos parlamentarios, el diputado socialista Antonio Guillamón indicó que la sociedad está «cansada» de que la Comunidad elabore un documento motivado por la «presión ciudadana» pero que luego no se ejecuta, mientras que el parlamentario de Podemos Andrés Pedreño calificó el Prasam de un «auténtico fiasco y una milonga» porque no tiene la «fuerza jurídica» para obligar a los propietarios a pagar la descontaminación.

Finalmente, el diputado de Ciudadanos Luis Fernández pidió a Luengo que «se ponga las pilas» y empiece a acometer actuaciones, mientras que el parlamentario del PP Víctor Martínez-Carrasco defendió la gestión del Gobierno regional, que ha está dando los «pasos correctos» con «responsabilidad y rigor científico».

Luengo informó por otra parte que aunque en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, de que aunque en el PRASAM se contemplaban 135.000 euros para la caracterización de la presencia de metales pesados en el aire en las zonas de la Sierra Minera, como el Llano del Beal y «ahora también zonas de Mazarrón», dijo antes de explicar que «se va a elevar el importe a 1 millón de euros».

El objetivo, según aseguró Luengo, es dar respuesta a una petición de los vecinos para que las mediciones no solo se realicen por estación del año, «sino durante todo el año, ya que planteaban que en una misma estación podía haber días muy diferentes». Dicho estudio, que se está llevando a cabo a través de investigadores de la UPCT, comenzó a realizarse en noviembre de 2018.