El juzgado exculpa a ocho policías de Cartagena de colaborar con narcos

Así resumió el 21 de marzo de 2024 el entonces titular del Juzgado de Instrucción 5 de Cartagena, Ignacio Munítiz, el origen de unas pesquisas judiciales que habían supuesto un calvario judicial de casi cinco años para ocho agentes del citado grupo policial y un fuerte impacto en la Comisaría de la ciudad portuaria. Aquel día, por medio de un auto el juez puso el fin a la pesadilla de estos funcionarios, que habían sido imputados ante los indicios de varios presuntos delitos aportados por Asuntos Internos de la Policía y por la Fiscalía especial antidroga de la Región de Murcia. Todo, tras la acusación del citado señor F. O.

Este individuo, de origen colombiano y al que el Grupo de Estupefacientes detuvo en abril de 2019, en una redada que incluyó el alijo de seis kilos de cocaína, se defendió asegurando al juez que el destinatario de esa mercancía no era él sino el cabecilla de una organización. Y añadió la denuncia de corrupción contra el grupo policial. Su información llevó al juez a avisar a Asuntos Internos y a ordenar al Equipo Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Murcia indagar en «la estructura y organización dedicada a la venta y distribución de sustancia estupefaciente».

F. O. afirmó que los ochos agentes, entre ellos el inspector jefe, llevaban años dando un trato de favor al 'clan de los Gasolinas' para dejarles traficar con droga; y que, a cambio, recibían chivatazos que permitían lanzar redadas contra otras organizaciones.

En el auto judicial, que no había trascendido hasta ahora y al que ha accedido LA VERDAD, todos los policías quedaron libres de ser procesados y llevados a juicio por falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho y omisión del deber de perseguir delitos. El procedimiento penal sí ha continuado contra cerca de cuarenta personas, entre ellas F. O, por su presunta integración en una organización criminal. El caso pasó a la Audiencia Provincial, donde la semana pasada empezaron las vistas para resolver recursos de las defensas.

Sobre los policías, la exfiscal especial antidroga en la Región de Murcia, María Isabel Neira, sostuvo, hasta su cese en enero de 2024, que había razones para investigar. Y rechazó las solicitudes de archivo de los agentes, que denunciaron ser víctimas de informes elaborados para la defensa del colombiano por un «falso perito» (detenido e investigado por falsedad documental en otra causa).

La hipótesis de la Fiscalía es que ciertos narcos actuaban «a cambio de promover detenciones de otros traficantes cada cierto tiempo». El juez planteó que «la presunta actividad delictiva habría consistido en que «por parte de, principalmente, el inspector jefe del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Policía Nacional de Cartagena, D. Á. R. P., se recibía información de D. B. G. R. y D. C. R. S., sobre personas que transportaban sustancia estupefaciente (horario, lugar, persona...) a modo de 'gancho' o 'cebo', obteniendo, a cambio, dichos confidentes, un trato de favor consistente en 'dejarles trabajar', 'hacer la vista gorda'; es decir, que el Grupo de Estupefacientes no procedería a la detención o interceptación de dichos confidentes, en el caso de ser o poder ser detectados con sustancia estupefaciente o, simplemente, no ser policialmente investigados por tenencia o tráfico de drogas. Así lo expuso, en su declaración judicial, el investigado sr. O. F., manifestando que, precisamente, él fue uno de esos 'cebos'».

Sin embargo, el juez, sin oposición de la Fiscalía, acabó atendiendo las peticiones de los abogados José Antonio García Sánchez, Alfonso Pérez Alajarín y Víctor Manuel Martínez Martínez y acordó no procesar a los agentes. «No existen indicios racionales o suficientes de criminalidad», concluyó.

El magistrado añadió que durante el supuesto «periodo de 'vía libre' para traficar, se llevaron a cabo algunas actuaciones policiales contra algunos miembros de la organización criminal». Y sobre el cuestionado uso de confidentes, Munítiz recordó que es una práctica avalada por los tribunales y que la información de que proporcionan «sirve para iniciar una investigación policial, pero no para basar solo en ella» las detenciones y el resto de medidas restrictivas de derechos fundamentales.

Según fuentes conocedoras de la causa, la Policía mantiene abiertos expedientes disciplinarios a los agentes. Uno de estos fue, además, suspendido de empleo y sueldo más de un año por un aspecto pendiente de resolver en una pieza separada: la presunta apropiación indebida o hurto del teléfono móvil del colombiano. El agente lo usó un tiempo y, después, lo llevó al depósito judicial. Cuando lo empleó actuó, según el letrado Pérez Alajarín, en la firme creencia de que tenía autorización para ello.

«La detención de la totalidad de los miembros del Grupo de Estupefacientes fue un verdadero 'shock' para todos los integrantes de la Brigada de Policía Judicial y, en general, para todo el personal de Comisaría; se estaba procediendo contra los policías más esforzados, más comprometidos, ejemplo para el resto. Fue verdaderamente traumático», recuerda a LA VERDAD el inspector jefe de la Brigada, José Antonio Bernal. Y lamenta que «estuvieron sometidos durante cuatro años a una auténtica pesadilla» profesional y personal, «un auténtico calvario». «El efecto fue devastador» y hubo «escenas de júbilo en celdas de prisiones de la Región».

«Durante décadas», el Grupo alcanzó «récords históricos» en incautaciones de hachís, cocaína y dinero, destaca. Y cita los «cientos de traficantes detenidos» y encarcelados; el arresto de «los líderes de los principales clanes»; y que «barrios considerados supermercados de la droga referentes en todo el Levante» fueron «reducidos a escasos puntos de venta con una mínima actividad».

«Con la desarticulación del Grupo de Estupefacientes, ese caudal de conocimientos y de experiencia se perdió. Es imposible cuantificar la repercusión, pero sí que es fácil de imaginar», dice. Bernal señala que «después de un largo periodo de tiempo en el que, por razones obvias, la actividad investigadora decayó y con ella los resultados», el Grupo, con nuevos agentes, vuelve a ser «referente».

Señala el hallazgo de seis plantaciones de marihuana en Los Mateos y la 'Operación Pintor', con 12 detenidos y policías tiroteados en Roldán (Torre Pacheco). Y se pregunta, «desde el más estricto respeto» la Justicia, si eran precisos 4 años para aclarar «la falsedad de las acusaciones», y revisar «todas las operaciones policiales», en «lo que se asemeja más a una causa general, por cierto prohibida por nuestro ordenamiento»; y «cómo es posible que esa inusitada actividad acusadora desplegada contra impecables servidores públicos no se vuelva ahora contra los falsos acusadores, narcotraficantes convictos y confesos».

El veterano inspector sí tiene algo claro: la Policía se mantendrá implacable y «Cartagena seguirá siendo una ciudad poco amable con los que quieren destruir a nuestra juventud a cambio de dinero».