Un juzgado desestima la petición de Olivo de anular la subasta de los terrenos de Zinsa

La sociedad Cartagena Parque instó al juzgado a anular la subasta de varias fincas alegando problemas con la inscripción de estas en el Registro de la Propiedad. Olivo pidió al juzgado que le reintegre los 1,5 millones de euros que pagó por 480.000 metros cuadrados de suelo declarado como contaminado, de los que por un problema de «duplicidad», este órgano solo accede a anotar unos 159.000. También exigió una cantidad por daños y perjuicios.

Lo hizo en mayo de 2021 días después de recibir la advertencia de un expediente sancionador por parte de la Consejería de Medio Ambiente a causa del retraso en la presentación del proyecto de vaciado de los depósitos y de descontaminación de los terrenos. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) también le impuso una sanción de 100.000 euros por el deterioro de las balsas, que Cartagena Parque defendió que era anterior a la adquisición del terreno. Pese a judicializar el asunto, fuentes de la empresa reconocieron entonces que la redacción del proyecto de descontaminación, en el que habían invertido 250.000 euros, «estaba avanzado» y que buscarían una solución si la Comunidad lo aceptaba.

Cartagena Parque alegó como hechos en los que fundamentó su reclamación que adquirió la propiedad de la finca de Zinsa con base «en la información inexacta y errónea que sobre las cargas y problemáticas de la misma fue facilitada, tanto de forma pública como privada, por la administración concursal», provocándole unos «perjuicios desorbitados», lo que entiende que justifica la nulidad.

Sobre la sentencia del 25 de septiembre de 2023 de la titular del juzgado mercantil número 1 de Murcia, que ha trascendido ahora, cabía interponer recurso de apelación. La empresa no aclaró si dio el paso.

Los vecinos continúan su lucha porque las administraciones sellen las balsas de Zinsa, debido al peligro que supone para la salud humana y el medio ambiente el «alto contenido en cadmio». Un estudio del científico José Matías Peñas Castejón demuestra la presencia de «concentraciones extremadamente altas e inadmisibles» de este metal en más de 200 muestras de polvo recogidas en viviendas, mobiliario urbano y zonas ajardinadas del entorno. El cadmio es un elemento químico clasificado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) como carcinogénico en seres humanos a exposiciones crónicas.

Así, el científico pone el foco en la «alta prevalencia» de casos de cáncer en Torreciega, donde apenas hay 600 habitantes. Por ello, comparte con los afectados la petición a Salud de estudiar la posible relación entre la presencia de metales pesados y esa enfermedad. El informe de Peñas Castejón fue entregado en enero al juzgado de instrucción número 5 de Cartagena, que estudia el caso desde hace años, por parte del abogado de los vecinos, que ejercen la acusación contra Cartagena Parque, José Manuel Muñoz Ortín.

El juzgado y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) son los encargados de analizar el informe de caracterización radiológica presentado por Cartagena Parque el pasado mes. Deberán valorar las medidas necesarias para iniciar el proceso de descontaminación de los terrenos, así como la conveniencia de sellar los vertederos de Zinsa como medida cautelar, tal y como llevan años solicitando los vecinos de Torreciega, mientras se resuelve el caso judicial y administrativo.

La Dirección General de Medio Ambiente apremia al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a examinar el informe de caracterización radiológica preliminar de la parcela de la antigua fábrica de Española del Zinc (Zinsa), en Torreciega, que entregó a la Comunidad la mercantil Cartagena Parque el 16 de enero. El organismo estatal, que solicitó dicho estudio en 2021, debe determinar ahora mediante un dictamen técnico los aspectos radiológicos de los planes de descontaminación de terrenos. Según la Dirección General de Medio Ambiente, dirigida por Juan Antonio Mata, el procedimiento se encuentra en la fase de subsanación de una serie de requisitos para que el alcance y ejecución del proyecto de descontaminación de los suelos propuesto por la mercantil «garantice un riesgo aceptable de acuerdo al uso previsto». Así, ruega a la CSN que informe de las actuaciones pertinentes para descontaminar a la mayor brevedad posible porque se trata de un «tema judicializado» y por la «alarma social existente». La empresa del conocido promotor de Balsapintada Tomás Olivo necesitó seis requerimientos de la Comunidad y un intento fallido de ejecución subsidiaria para presentar este informe. La sociedad Maquinasa, dueña de otra parte de los terrenos, tiene hasta mediados de abril para entregar su correspondiente estudio.