El juez antepone el estudio radiológico al sellado de las cinco balsas con metales pesados de Zinsa

En un auto notificado este lunes a las partes en la causa contra Cartagena Parque por un presunto delito contra el medio ambiente, el juez antepone conocer el resultado del estudio de caracterización radiológica y de los materiales residuales al sellado de los vertederos por razones de seguridad. Lo hace «sin perjuicio de que una vez que conste el informe se pueda valorar la adopción de dicha medida que se considera necesaria». Se refiere a la evaluación del terreno solicitada por la Comunidad Autónoma, que ordenó por primera vez tapar las balsas en noviembre del año 2019. La Fiscalía se ha opuesto, de nuevo, a las peticiones de los vecinos, a través de una resolución de la fiscal Mercedes Lucas.

La Audiencia Provincial desestimó ya en mayo del año pasado un recurso de apelación de los vecinos sobre el sellado. El magistrado alegó que las medidas cautelares eran «innecesarias», pues se estaban iniciando los trámites para su ejecución en la vía administrativa.

Los vecinos recurrirán el último auto porque consideran que esta situación sostenida en el tiempo es «una tomadura de pelo», que afecta a la salud pública y al medio ambiente, sin que se conozca el alcance real. «Es inconcebible por parte de la Administración. Ha hecho más la empresa por intentar desenmarañar la problemática. Mientras que el juzgado le sigue el juego y no presiona para que se descontamine de una vez», indicó el letrado vecinal, Muñoz Ortín. En su opinión, «la empresa Cartagena Parque está dilatando el proceso de descontaminación hasta que se resuelva la demanda interpuesta en 2021 por Tomás Olivo para anular la subasta por la que adquirió los terrenos de Zinsa». Confía en ganar ese pleito y no tener que hacer frente a la responsabilidad ambiental.

El promotor de Balsapintada adquirió por 1,5 millones de euros una parcela de 480.466 metros cuadrados en la subasta judicial de los terrenos de Torreciega, tras quebrar la promotora inmobiliaria Quorum. La compra fue en 2018, una década después del cierre de la factoría, y tan solo dos años después Cartagena Parque solicitó a un juzgado de lo Mercantil de Murcia que decretase la «nulidad» de la adjudicación a su favor de las fincas subastadas.

Olivo alegó problemas en el Registro de la Propiedad, según los cuales aparecerían como suyos menos metros cuadrados de los adquiridos. También influyeron negativamente las exigencias y resoluciones de las administraciones regional y estatal respecto a sus obligaciones como propietario mayoritario del terreno.

Sobre el perecimiento de aves acuáticas protegidas, el auto subraya que ya se están adoptando medidas para evitar que mueran al acudir a beber a las balsas, que confunden con charcas.

Unos cañones espantapájaros con temporizadores automatizados ahuyentan desde hace tres años a los animales e impiden que se aproximen a los vertederos. Se trata de una medida cautelar, insuficiente para los vecinos, que se aplica mientras que se estudian y adoptan soluciones definitivas. Según las conclusiones del informe de 18 de mayo de 2023 emitido por los servicios jurídicos de la Secretaría General de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, se ha mejorado la efectividad de las medidas, pero «el problema sigue siendo cuando las balsas se llenan tras las lluvias, que siguen siendo un foco para todo tipo de aves». El auto hace mención a los episodios de lluvias y a la conveniencia de «adoptar lo necesario» para evitar las muertes masivas de aves.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) está a la espera de que la Comunidad Autónoma le remita información sobre la contaminación radiactiva de los antiguos terrenos de Española del Zinc (Zinsa), que a su vez ha pedido a las empresas propietarias de las parcelas: Cartagena Parque y Maquinasa.

La mercantil de Tomás Olivo acumula seis requerimientos del Gobierno regional y un intento fallido de ejecución subsidiaria desde enero de 2022. El último requerimiento de diciembre daba de plazo «hasta antes del 15 de enero». Pero desde la Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación, dirigida por Juan María Vázquez, aseguraron ayer que el día 15 estaba incluido, por lo que hasta hoy no aclararán de si Cartagena Parque ha entregado el informe. Por su parte, fuentes de la mercantil aseguraron que «no tienen nada qué decir sobre Española del Zinc». En ese contexto legal, se eterniza el proceso de descontaminación que perjudica directamente a los vecinos de Torreciega y a los trabajadores del Polígono Cabezo Beaza.

El primer intento de la Comunidad de ejecutar subsidiariamente el estudio radiológico fue en febrero del año pasado. Pero durante el plazo de alegaciones, la empresa se opuso al procedimiento argumentando que ya había iniciado la ejecución en octubre anterior. De hecho, en marzo una empresa tomó muestras de las balsas de Zinsa para conocer su radiactividad.

Por su parte, la sociedad Maquinasa presentó en marzo de 2021 una propuesta de actuaciones para el saneamiento de su finca, pero la Consejería le exigió un proyecto técnico de descontaminación, con un análisis cuantitativo de riesgos. Según el requerimiento inicial de la Administración regional, tiene hasta mediados de abril para entregar su estudio.