La inversión en el sector de la construcción baja casi un 7% en Cartagena en los dos últimos años

El equipo de gobierno local espera que esta situación cambie de forma radical este año ya que la petición de licencias de estas características va a buen ritmo, después de la aplicación de la ordenanza de solares con la que avisó con expropiar a quienes incumplieron la obligación de edificarlos en los últimos dos años.

En cuanto a las licencias de obra mayor, las que se piden para reformas de calado en una vivienda o para hacer nuevas construcciones, según los datos aportados por el Ayuntamiento, el pasado año fueron otorgadas 475, de las que 204 fueron para levantar viviendas, 61 para construir garajes y el resto para reformar locales comerciales, para la rehabilitaciones de edificios y de fachadas, para remodelar casas y para hacer naves, como las que se han hecho, por ejemplo, en el polígono industrial Cabezo Beaza, junto a la entrada por la autovía.

De entre todas estas licencias destaca la construcción de una residencia universitaria, que será levantada en el barrio de Santa Lucía por una empresa propiedad de los fundadores de Marnys. Esta misma firma es la que también construye un edificio en la plaza San Agustín, frente al centro de Salud Mental. Precisamente, se trata de una de las pocas promociones que hay en marcha en el municipio, además de otras en Nueva Cartagena y en Cabo de Palos.

Pero si hay un dato que destaca sobre todos es el que corresponde a obras menores, que se multiplican por diez con respecto a las mayores. Las licencias en este caso ascienden a 4.600. De estas se distinguen dos, las declaraciones responsables urbanísticas y las comunicaciones previas de obras. Se trata de autorizaciones que hay que solicitar cuando se va a hacer trabajos que no supongan transformación, construcción y edificación. Del total de inversión el pasado ejercicio, este tipo de obras supusieron 74,2 millones de euros, según las mismas fuentes.

La presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción y Actividades Conexas de Cartagena y su Comarca, Antonia González Pardo, explicó a LA VERDAD que actualmente están en negociaciones con el Ayuntamiento de Cartagena para poner en marcha medidas que fomenten el desarrollo de la construcción. Cree que no se puede obligar a los empresarios a construir «sabiendo que no es viable actualmente».

Precisamente, el aviso realizado a finales del pasado año por parte del Ayuntamiento a los propietarios de terrenos en el casco antiguo ya ha propiciado que cerca de un 20% de ellos ya hayan decidido pedir licencia para levantar edificios. Esto supondrá, aproximadamente, 60 viviendas más para el centro, que cuenta con 184 solares de propiedad privada que están sin construir, de los cuales cerca de una treintena tienen caducada la licencia.

Para cambiar esta tendencia, la Asociación de Empresarios de la Construcción y Actividades Conexas de Cartagena y su Comarca ha reclamado al Ayuntamiento una serie de medidas encaminadas a eliminar trabas, facilitar licencias y bonificar los impuestos que tienen que pagar para llevar a cabo los proyectos. Son las mismas que este colectivo ha solicitado al equipo de gobierno local en sus últimas reuniones.

El casco antiguo cartagenero reanudará la recuperación de uno de sus edificios protegidos. La Junta de Gobierno dio luz verde ayer al Plan Especial para el inmueble ubicado en el número 17 de la céntrica plaza del Rey, frente a Capitanía. El edificio, que lucía en estado de absoluto abandono y que albergó hasta 2018 el popular mesón El Galeón, quedó con sus obras paralizadas tras arrancar en 2019. Según informaron fuentes municipales a LA VERDAD, el promotor inició los trabajos, pero, en el curso de los mismos, decidió pararlos. Las obras estaban siendo ejecutadas por el Grupo Atalaya.

Según trasladan desde al área de Urbanismo, que dirige el edil popular Diego Ortega, el promotor vio la posibilidad de poder ganar una altura más y, con ello, la posibilidad de sacar a la venta un mayor número de viviendas. En este sentido, señalan los mismos medios, el promotor decidió enmendar el proyecto original para introducir un ático retranqueado. Todo ello respetando la fachada, puesto que el edificio está catalogado con un grado de protección 3 en el Plan Especial de Ordenación y Protección del Centro Histórico.

Según figura en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en marzo de 2020, ya se publicó el Informe Ambiental Estratégico del Plan Especial ahora aprobado y en el mismo se determinó, señala el diario oficial, que la actuación «no tiene efectos significativos para el medio ambiente». La edificación tiene superficie en planta de 168,55 metros cuadrados.

«Para conseguir la rehabilitación del conjunto se propone el vaciado y sustitución de parte de la estructura existente y distribución interior del inmueble dada la obsolescencia estructural y constructiva que presenta y la inexistencia de elementos de interés en su interior», señalaba el documento ambiental aprobado por el Ayuntamiento previo visto bueno de hasta cuatro direcciones generales del Gobierno regional, así como de la Confederación Hidrográfica del Segura.