El Ministerio del Interior construirá la casa cuartel de la Guardia Civil de Cartagena, en el solar de la calle Ángel Bruna, «cumpliendo escrupulosamente la ley de contratación». Y la hará mediante el procedimiento ordinario, según lo indicado por la Intervención General del Estado. Así actuará ese departamento estatal, según señalaron a LA VERDAD fuentes de la Delegación del Gobierno en Murcia, quien, además, pidió «prudencia y responsabilidad a determinados políticos con sus declaraciones», porque la ejecución del proyecto debe estar «ajustada el procedimiento para que se inicie la obra cuanto antes».
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El frenazo al proyecto de construcción de la nueva casa cuartel de la Guardia Civil de Cartagena por parte del Ministerio del Interior, desvelada por LA VERDAD la semana pasada, provocó toda una avalancha de críticas de empresarios, vecinos y partidos políticos, que este miércoles ese departamento quiso frenar.
Porque, según las mismas fuentes, «la construcción del cuartel no está en riesgo», ya que «el compromiso del Gobierno de España no ha variado en absoluto». Sí que explicaron que «se trata de una variación del procedimiento administrativo de contratación sobre este expediente».
Se refirieron a que cuando fue demolido el acuartelamiento de Cartagena, el Consejo de Ministros declaró la obra de emergencia, pero ahora, según anunció la Dirección General de la Guardia Civil la semana pasada en el Pleno del Consejo del cuerpo, se hará por el procedimiento ordinario, porque desde el órgano competente entienden que una vez que las instalaciones fueron demolidas, «el peligro para las personas desapareció».
Las mismas fuentes indicadas de la Delegación del Gobierno recalcaron que la dispersión de los servicios «no ha condicionado ni comprometido en ningún momento el excepcional trabajo y prestación de servicios de la Guardia Civil en una ciudad y una comarca en la que la criminalidad convencional no solo no ha subido, sino que ha descendido un 1,2% en el primer semestre de este año 2024».
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Por todo ello, el Partido Popular anunció este miércoles que ha presentado mociones en la Asamblea Regional, en el Congreso y en el Senado, para exigir la construcción de la casa cuartel de la Guardia Civil en Cartagena. Arroyo compareció junto a los senadores Francisco Bernabé y José Ramón Díez de Revenga, la diputada regional María Casajús y los concejales Ignacio Jáudenes y Álvaro Valdés, frente al solar que ocupaba las antiguas dependencias, para anunciar las acciones que ya se han puesto en marcha. Entre ellas, se incluyen preguntas al Gobierno en el Congreso y el Senado, la solicitud de comparecencias y otras medidas legislativas.
En las mociones piden explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la falta de avances y la ausencia de presupuesto suficiente para la ejecución de esas obras. Quieren detalles sobre por qué la decisión de cambiar el procedimiento de urgente a ordinario.
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«Uno de los temas que más preocupa al Partido Popular es la reducción del número de viviendas para los agentes de la Guardia Civil, que ha pasado de 96 a 40, lo que consideramos una grave desatención a los cuerpos de seguridad. Esta reducción de viviendas, anuncia una bajada de la plantilla de la Guardia Civil», se preguntó el senador Bernabé.
Para la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, la dispersión de los servicios de la Guardia Civil en varias instalaciones de Cartagena y municipios cercanos, supone una «merma significativa» en la atención a la ciudadanía. Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y el Equipo de Guías Caninos se encuentran en el colegio Antonio Arévalo; la Unidad de Tráfico, en el Parque de Seguridad de la Media Legua; el Servicio Marítimo y el Geas, en el puerto; y la Intervención de Armas y el Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, se localizan en el cuartel de la Guardia Civil de La Unión.
Arroyo afirmó que «no estamos dispuestos a que este solar vuelva a ser una historia de abandono y retrasos. Por eso exigiremos que el proyecto de la casa cuartel vuelva a ser una prioridad de emergencia». También pedirá que en los presupuestos generales del Estado figure la construcción de «unas dependencias que respondan a las necesidades de una gran ciudad como Cartagena, sin recortar los servicios para las familias de los guardias».
Y concluyó diciendo que la decisión del Ministerio del Interior de retrasar el proyecto supone abandonar a las familias de los guardias civiles, que se quedan sin casa, y dejar a Cartagena sin cuartel.
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