Los inquilinos del camping El Portús exigirán en el juzgado indemnizaciones por sus casas

En la carta de aviso recibida el pasado 9 de noviembre, la gerencia les indica que el «contrato de estancia temporal», suscrito en su momento, expirará en el plazo de doce meses, para la mayoría el 1 de enero de 2024. Para otros acabará en febrero, marzo y, para los menos, en junio. Otros tienen que salir a final de mes.

Es el caso de Eugenia Rico. Lleva 18 años viviendo en el camping con su pareja, David Malamut, y su hija Iris, que nació allí. «Vine de Asturias y me enamoré de Cartagena. Cuando llegué supe que este era mi sitio y ahora no me moverán de mi casa. Me encadenaré a ella si es necesario», indicó tras la reunión celebrada por afectados el jueves.

En total, son 210 y ya han consultado a abogados. Buscan cualquier resquicio para revocar esta situación. Saben que será difícil. Al menos quieren obtener una compensación por sus viviendas. La mayoría son prefabricadas, difíciles de mover, y otras son de obra, imposibles de transportar. El aviso recibido hace unos días señala que, antes de que se cumpla la fecha límite, las personas implicadas deben «proceder al desalojo de la parcela, retirando sus enseres personales, así como otros elementos de acampada, y dejar aquella limpia y expedita».

A ello se niegan Collin y Margaret Stewart, una pareja de ingleses que llevan en El Portús 34 años. Más lleva Carmen Ibáñez, que fue de las primeras, hace cincuenta años, con el camping recién abierto. Sabrina Simó también se opone a que la desalojen, porque no tiene dónde ir, como Euphemia Vergrugge y José Armando Borrero, un matrimonio que vendieron todo lo que tenían en Alicante para comprar hace tres años una casa en el recinto. Ahora no están dispuestos a perderla.

Eugenia Rico es también una de las portavoces de la recién creada Asociación de Vecinos del Camping El Portús. Cuenta que muchas familias españolas y de otras nacionalidades han sido propietarias de sus casas que compraron con «gran esfuerzo», en muchos casos hipotecándose y vendiendo propiedades, para vivir allí. «Otras familias están aquí desde los años sesenta. Las casas se compraban, se vendían, se heredaban y se disfrutaban pacíficamente pagando impuestos y respetando la ley. Estos son nuestros hogares, nuestras vidas y no nos iremos sin más», dijo.

Entre los afectados está también Rose Marie, una suiza de 85 años que desde 1987 vive en el camping junto a su marido de 93 años. Es de las que el 1 de enero debe abandonar su casa. «En Suiza no tengo ya familia y en la vida solo me queda lo que tengo aquí. Me gusta la vida que llevo y no quiero renunciar a ella», afirmó. Pese a ello, ya ha comenzado a mirar alternativas, como comprar una vivienda o alquilarla, pero «ambas opciones son muy caras y se escapan de mis posibilidades».

Desde la Asociación de Vecinos quieren que el Ayuntamiento de Cartagena les eche una mano, porque opinan que existe un problema social. Quieren apoyo institucional y «real» que «evite una crisis humanitaria y una injusticia», describen en un escrito consensuado entre todos los vecinos y que remitirán al Gobierno local.

En este sentido, desde el Ayuntamiento explicaron que no tienen «notificación de ningún campista» y que, «como usuarios de un camping, su interlocutor es la empresa que gestiona esas instalaciones». Mientras, la empresa propietaria se escuda en que «estamos abordando un proceso de renovación y modernización de las instalaciones, para dotarlas de mayores estándares de calidad y sostenibilidad, y adaptarnos a la normativa vigente en la Región de Murcia en materia de campings», explicaron fuentes de la empresa. Detallaron que es por ello por lo que «hemos notificado a los clientes que no se pueden prolongar las estancias más allá de los doce meses».

Collin y Margaret Stewart son una pareja de británicos de 86 y 80 años, respectivamente, que llevan viviendo en el camping desde 1989. Tienen una casa amplia, de dos alturas, que se hicieron «con el dinero que conseguimos de vender todo lo que teníamos en Gran Bretaña», explicó él. Ambos tienen hasta el 1 de marzo para marcharse de las instalaciones, pero no saben dónde ir, «porque fuera de aquí no tenemos a nadie ni nada, solo una poca familia en nuestro país y no se puede hacer cargo de nosotros». «No sé qué vamos a hacer; lo que necesitamos es más tiempo para organizar nuestra vida y buscar una solución. Nos han quitado nuestro futuro», detalló ella en un español mezclado con su perfecto inglés. Su casa no se puede levantar ni trasladar y no están dispuestos a perderla sin recibir nada a cambio, por eso ya se han puesto en manos de un abogado. Saben que finalmente se tendrán que ir, pero pedirán a la empresa gestora del camping una indemnización, no solo por la vivienda, sino también por los daños y perjuicios.

Hace poco más de tres años, Euphemia Vergrugge, holandesa de 65 años, y José Armando Borrero, de 67, decidieron quedarse a vivir en el Camping El Portús, donde veraneaban desde hacía décadas. Con sus ahorros, se trasladaron desde Alicante a este rincón de Cartagena y compraron una casa. «En 2020, invertimos 80.000 euros en adquirir una vivienda y nuestro temor ahora es que, con la carta que hemos recibido de la empresa, la vamos a perder, porque no la podemos trasladar a ningún otro lugar», admitió ella. Ambos se jubilaron y querían vivir como siempre quisieron, en un lugar «idílico frente al mar». «Todo iba como habíamos soñado, hasta el pasado 9 de noviembre, cuando recibimos el aviso de que el próximo 1 de enero debíamos abandonar la parcela donde está nuestra casa. Fue todo un mazazo», indicó él. Ambos piden irse «con dignidad», por eso solicitan «más tiempo» para desalojar. También han reclamado una «indemnización», porque es «injusto que se queden con nuestra casa».

Carmen Ibáñez, de 77 años, llegó de las primeras al camping a principios de los años setenta del siglo pasado, cuando las instalaciones comenzaban a crecer. De origen suizo, vino a Cartagena tras conocer a su pareja, ya fallecida. Ahora vive sola en una casa del camping de la que tendrá que salir el 1 de junio de forma «obligatoria». Ella, como muchos de sus vecinos, no tiene dónde ir cuando llegue la fecha del desalojo. «No tengo a nadie más, ni en España ni en mi país de origen. Así que lo único que puedo hacer es vivir en mi coche junto a mis dos perros, que a estos nadie me los va a quitar». Ibáñez tiene como vecina a Sabrina Simó, de 54 años. Lleva viviendo 35 años en el camping. «Solo me falta el registro europeo para ser ciudadana española, por lo tanto, no tengo derecho a paro ni a ayudas», explicó. Lo que tiene claro es que «de mi casa no me van a echar, me niego». La suya es de las pocas construcciones que sí es desmontable, pero la grúa necesaria para el traslado no cabe entre parcelas.