La Guardia Civil de Cartagena soporta goteras en el viejo colegio que utiliza como cuartel provisional

«Desde AUGC consideramos urgentes y necesarias la reforma de las instalaciones del colegio Arévalo y urgentes las reparaciones de la cubierta para evitar las continuas goteras, ya que la construcción del nuevo cuartel de Cartagena se va a demorar varios años más de los previstos y los servicios que prestamos al ciudadano no deben verse afectados», dijo ese colectivo que tiene como representante al agente Juan García Montalbán.

La asociación recordó que en el poco más de un año que llevan desplazados allí distintos servicios del Instituto Armado han denunciado distintas deficiencias en el edificio. Antes de ser utilizado con estos fines llevaba parcialmente en desuso algún tiempo. También el riesgo para la seguridad de los funcionarios, que se enfrentan a resbalones y caídas, así como lo incomodo de trabajar con goteras. «Desconocemos el motivo por el cual no se han iniciado las obras de reparación o sustitución de la cubierta, pero concluimos que debe ser por razones económicas o de competencia ya sean de la Consejería de Educación o de la Dirección General de la Guardia Civil», según dicha asociación.

AUGC recordó que arquitectos del Ministerio del Interior declararon en ruina la casa cuartel de la Guardia Civil de Cartagena, en julio de 2023. Inmediatamente el Instituto Armado ordenó el desalojo con carácter urgente de las noventa familias que ocupaban las viviendas del recinto de la calle Ángel Bruna, «realizándose esta no sin pocos problemas para los adjudicatarios y sus familias durante el mes de agosto».

La demolición de los once bloques que componían el conjunto del acuartelamiento comenzó aquel verano. En diciembre tuvo lugar la demolición del pabellón de servicios administrativos, que daba a la calle Ángel Bruna. AUGC también recordó que ese penúltimo derribo –quedaba un bloque en pie– se realizó mientras aún trabajaban guardias civiles en las dependencias oficiales.

El grueso de las unidades administrativas y policiales que tenían su sede en aquel acuartelamiento fueron realojadas en el antiguo colegio Antonio Arévalo de Cartagena. El Seprona y la Intervención de Armas fueron desplazados a la casa cuartel de La Unión, mientras que el destacamento de Tráfico fue acogido en el Parque Municipal de Seguridad de Cartagena. «Inicialmente se realizaron obras apresuradas de adecuación del colegio Antonio Arévalo para instalar a la Guardia Civil de modo urgente y en principio por un periodo de tres meses. En dichas obras no se tuvo en cuenta el estado de la cubierta del colegio por lo que desde entonces cada vez que llueve se sufren goteras y filtraciones de agua de lluvia tanto en ciertas dependencias, como la de Viogen (atención a víctimas de violencia machista), como en los vestuarios y pasillos de las instalaciones», según AUGC.

Esta asociación profesional sopesa denunciar la situación en la Inspección de Trabajo, si la Guardia Civil no soluciona el problema «de un modo definitivo». Montalbán recordó que «la salud de los guardias civiles e incluso de los denunciantes –por los ciudadanos que acuden a ese cuartel provisional– es nuestra prioridad».

La estancia de los guardias civiles destinados en Cartagena en las dependencias del antiguo colegio de San Ginés va para largo. Inicialmente, el Ministerio del Interior priorizó las obras de demolición y reconstrucción de la casa cuartel de la calle Ángel Bruna. En octubre de 2023, el Consejo de Ministros declaró como urgente la contratación de las obras de reconstrucción del nuevo acuartelamiento, por importe de 31.956.070,04 euros. Pero supuestos problemas en el proyecto técnico, debido a las características geotécnicas del terreno, obligaron a modificarlo, generando retrasos sobre los planes previstos.

Hace ahora seis meses que Interior informó de que ponía este proyecto a la cola para cumplir «escrupulosamente la ley de contratación». Es decir, lo hará mediante un procedimiento ordinario. Pero nadie en ese departamento del Gobierno de Pedro Sánchez ha informado del destino final del dinero librado en octubre de 2023 para unos trabajos de los que solo se ejecutaron los de demolición.

Entre las previsiones que sí ha filtrado el Instituto Armado a sus agentes es que las cien viviendas que tenía el acuartelamiento demolido se quedarán finalmente en unas cuarenta, algo menos de la mitad. Principalmente, para mandos. Y albergaría un pabellón para estancias temporales, una especie de residencia para alumnos en prácticas y estudiantes.

Los guardias civiles afectados por el desalojo urgente de la casa cuartel de Cartagena, hace dos años, ya tienen un nuevo calentamiento de cabeza. Según documentación aportada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles, la Jefatura de la 5ª Zona de la Guardia Civil, que se corresponde con la Región de Murcia, ha ordenado que antes del próximo día 1 de junio retiren mobiliario y enseres personales del guardamuebles contratado por el Ministerio del Interior para darles servicio cuando ordenó el desalojo urgente de los pabellones. La mayoría no sabía qué hacer con todas sus pertenencias pues casi todos encontraron casas amuebladas.

«Nos parece una vergüenza que familias que fueron 'echadas' de su domicilio, en algunos casos con un plazo de quince días, y que desde el primer momento se les prometió que podían dejar sus muebles y enseres en un guardamuebles que abonaría la Dirección General de la Guardia Civil ahora pretendan 'echarlos' nuevamente del guardamuebles», denunció la asociación que lidera a nivel regional Juan García Montalbán.

La notificación oficial recibidas estos días por los desalojados así lo ordena, fijando el 31 de mayo de este año como fecha límite para la retirada del mobiliario y enseres depositado en la empresa contratada para tal fin. Ante la «alarma desatada» entre los afectados, AUGC remitió hace unos días una queja a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, «para que se cumpla con lo prometido inicialmente y sean retirados cuando los guardias tengan una vivienda adjudicada en el nuevo acuartelamiento o en todo caso cuando dispongan de una vivienda propia».

Hasta el momento, la asociación no ha tenido respuesta ni de la Dirección General de la Guardia Civil ni del coronel jefe de la 5ª Zona de Murcia, Francisco Pulido, según AUGC.

El desalojo urgente del acuartelamiento de la calle Ángel Bruna afectó a unas noventa familias que residían desde hacía años en las viviendas oficiales. El Ayuntamiento ayudó a la Guardia Civil en aquellos momentos a buscar casa a los funcionarios que no tenían vivienda en propiedad o que hallaron dificultades para encontrar algo adaptado a sus necesidades y bolsillos.