El retraso en la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Cartagena no solo afecta a las 86 familias que fueron desalojadas en agosto de 2023 de las antiguas dependencias de la calle Ángel Bruna tras ser declaradas en ruina, sino ... también a la plantilla de los servicios reubicados en el antiguo colegio Antonio Arévalo, en la barriada San Ginés. Los agentes destinados a este inmueble conviven a diario con una serie de deficiencias que les complican el desempeño de su trabajo. Las goteras, la falta de espacio y las incomodidades de un lugar no habilitado al cien por cien para su labor son algunas de ellas y que este jueves fueron denunciadas por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
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Estas instalaciones temporales se acondicionaron en diciembre de 2023 para un periodo aproximado de treinta meses, el tiempo estimado para levantar el nuevo acuartelamiento en el mismo solar que el antiguo. Eso era cuando el proyecto estaba declarado de emergencia, pero en octubre, el Gobierno central cambió de opinión y paralizó esta urgencia, porque «el peligro para las personas desapareció». Desde entonces nada se sabe del inicio de las obras.
Actualmente, en las dependencias del antiguo centro educativo están los equipos de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Equipos Roca, las unidades de delitos tecnológicos y de violencia de género y los servicios administrativos de la Quinta Compañía de la Guardia Civil, con sede en Cartagena. El resto, como la Unidad de Tráfico está en el Parque de Seguridad de la Media Legua; el Servicio Marítimo y el GEAS, en el puerto; y la Intervención de Armas y el Seprona se localizan en el cuartel de la Guardia Civil de La Unión.
Los agentes llevan ya casi quince meses en esas instalaciones. Sin embargo, apuntó el representante regional de AUGC Juan G. Montalbán «estamos seguros de que serán varios años, cuando no lustros, los que la Guardia Civil no tendrá cuartel en la ciudad de Cartagena». Por ello, desde ese colectivo ven necesario una ampliación y mejoras urgentes en las instalaciones actuales. Para ello, creen preciso realizar una inversión económica para paliar las múltiples deficiencias.
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Entre estas destacan la carencia de calabozos, lo que obliga a la Guardia Civil a trasladar diariamente a los detenidos a los cuarteles de Torre Pacheco, San Javier y Murcia y posteriormente ponerlos a disposición de los Juzgados de Cartagena.
Además, algunas dependencias son «extremadamente pequeñas, sin luz natural y sin ventilación como han podido comprobar los ciudadanos que han formulado denuncias en la Oficina de Atención al Ciudadano», indicó Montalbán en declaraciones a LA VERDAD.
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Más grave es que cuando llueve la oficina de atención a las víctimas de violencia de género tiene «enormes goteras». Cuando estas hacen acto de presencia, los agentes encargados de este servicio se ven en la obligación de colocar cubos para recoger el agua. Incluso, según siempre la asociación, en ocasiones tienen que dejar de usar la sala temporalmente. «Por todo ello, desde AUGC consideramos urgente la reparación de la cubierta del antiguo colegio, la apertura y adecuación de la primera planta –actualmente solo se encuentra en uso la planta baja–, la ampliación de las oficinas de modo que sean adecuadas tanto en espacio como en habitabilidad y la instalación de calabozos temporales para custodiar detenidos», reclamó ese representante sindical. Esta reforma permitirá abrir nuevas salas para albergar y reagrupar las unidades que actualmente se encuentran en La Unión, redistribuir las oficinas pequeñas e inadecuadas como recepción de denuncias y acabar con las goteras que padecen en la oficina de atención a las víctimas de violencia de género.
Desde AUGC consideran urgente y necesaria esta segunda reforma, porque están convencidos de que la construcción del nuevo cuartel de Cartagena, insistió el sindicalista, «se va a demorar varios años más de los previstos y los servicios que prestamos al ciudadano no deben verse afectados».
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Las instalaciones de la Guardia Civil ocupan la planta baja del antiguo colegio, donde fue necesario realizar una nueva distribución mediante la instalación de tabiques de placas de pladur. También cambiaron todas la ventanas y rejas, renovaron la red eléctrica, instalaron el circuito de cámaras de videovigilancia y construyeron una rampa de acceso en la entrada del edificio, entre otros trabajos.
El Consejo de Ministros del día 10 de octubre aprobó un gasto de 31.956.070,04 euros para las obras de la nueva casa cuartel. La constructora Eneas SA fue la encargada del derribo y del traslado de los escombros. También construirá los nuevos edificios, siguiendo un proyecto ya redactado y que estuvo en revisión para posibles mejoras.
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Pasado ese tiempo aún no se ha hecho nada. Este diario se puso ayer en contacto con la Guardia Civil en Madrid, para conocer si hay planes concretos para realizar obras en el antiguo colegio Antonio Arévalo, pero no obtuvo respuesta.
La dispersión de servicios, las deficiencias en una de sus sedes, la del antiguo colegio Antonio Arévalo, y la necesidad de realojar a las 86 familias que tuvieron que desocupar sus viviendas en agosto de 2023 hacen que desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles, mayoritaria en el Cuerpo y aglutinadora de 26.000 agentes en todo el territorio nacional, reclamen la reactivación del proyecto de construcción de un nuevo cuartel. «Está paralizado y no tenemos constancia a día de hoy sobre cuándo será el año de inicio de la construcción o si finalmente no llegará a construirse como otros tantos acuartelamientos que llevan más de 20 años esperando, como el de Mazarrón en nuestra Región o la Comandancia de Alicante», indicó la asociación en un comunicado.
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A su juicio, la suspensión del expediente de emergencia, hecha pública por la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en el Pleno del Consejo del Cuerpo celebrado el pasado mes de octubre, «solo pudo obedecer a razones políticas o económicas que no operativas ni de seguridad pública, por eso, desde AUGC no podemos más que expresar nuestra indignación por la recalificación de emergencia a ordinaria».
Pronto se cumplirán veinte meses desde que las familias que vivían en las antiguas dependencias, ubicadas en la calle Ángel Bruna, fueron desalojadas. La mayoría encontraron pisos de alquiler o se fueron a vivir con familiares, pero exigen también retomar cuanto antes el proyecto.
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