La Fiscalía pide exculpar a Tragsa y Gestalia de contaminar caminos con 15.890 toneladas residuos mineros de la Balsa Jenny

El Ministerio Público solicita sacar de la causa a dichas compañías, la primera de ellas semipública, y continuar el procedimiento penal por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente solo contra la mercantil Portmán Golf. Esta última está siendo investigada por permitir supuestamente el vertido de aguas con altas concentraciones de metales pesados a tres parcelas agrícolas de la zona de Llano del Beal y de la rambla de Ponce, que desemboca en el Mar Menor, al no sellar adecuadamente el vertedero Los Blancos.

En un escrito al que ha accedido LA VERDAD, y que ha sido remitido a las partes del proceso, el fiscal Fulgencio Pérez insta a la Audiencia a dejar sin efecto el auto dictado en diciembre por el magistrado Raúl Sánchez Conesa y ordenar que se practique una prueba pericial ordenada por el propio juez en noviembre de 2022, a petición de la Fiscalía. Se trata de que la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado emita un dictamen en el que corrobore o no las conclusiones del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) sobre la contaminación de terrenos y cauces públicos, su gravedad y el riesgo o daño a la naturaleza y a la salud pública.

El fiscal indica que el magistrado omitió esa diligencia, dentro de una causa en la que ejerce la acusación particular Ecologistas en Acción, y critica con dureza su posición respecto a Tragsa y Gestalia. «El instructor conculcó de una forma flagrante el más mínimo derecho de defensa» de estas mercantiles, «del que el Ministerio Público también es garante», escribe. Y califica el auto de procesamiento de «dislate jurídico».

«El atestado sobre el traslado de los residuos mineros desde el solar del antigua Balsa Jenny hasta Los Blancos apareció en la causa 18 años después del transporte y nueve después de la apertura de la causa judicial, sin que además se mencione quién lo pidió, con qué objeto y por qué se aportó a las diligencias», sostiene el fiscal. Y añade que ese traslado de desechos podría haber constituido en su día «una conducta imprudente» por parte de dos mercantiles distintas de Portmán Golf, «por no adoptar las adecuadas medidas de protección» de los camiones, pero no un motivo para juzgarlas en esta causa. En todo caso, la eventual responsabilidad penal de Tragsa y Gestalia estaría prescrita, según el fiscal.

«Nada tiene que ver la acción imprudente (si acaso, ya que lo transportado estaba catalogado por la Comunidad Autónoma como estériles mineros, no como residuos peligrosos) del transporte por parte de Tragsa y Gestalia, sociedad esta última extinguida en 2008, con la conducta desarrollada en la corta Los Blancos por Portmán Golf», afirma el fiscal. Y agrega: «No hay unidad de autor, ni unidad de propósito, ni dolo unitario concreto en cada una de las acciones».

Respecto al oficio a la Unidad Técnica para que revise el informe de resultados de la Guardia Civil, que valoró los daños al medio ambiente y a las personas a partir de las muestras tomadas sobre el terreno, la Fiscalía defiende que es preciso añadir garantías de cara a un eventual juicio. Es necesario, según el Ministerio Público, que por parte de técnicos especialistas en la materia, es decir, biólogos y geólogos, se emita informe que corrobore el atestado del Seprona del año 2022 sobre la existencia de cultivos contaminados derivados de las escorrentías de agua que parten de los residuos mineros almacenados en la corta Los Blancos. Y todo ello, con indicación de «los niveles expuestos, con el grave daño que ello conlleva para la salud de las personas».

«Es fundamental que lo elaboren especialistas con la cualificación profesional propia de dichos dictámenes para, llegado el caso de la celebración de juicio oral, los resultados no puedan ser puestos en duda, como ha hecho la defensa con los del Seprona», recalca el fiscal. Y si bien reconoce que el trabajo del Seprona está hecho «con todas las garantías legales», sus informes «deben ser interpretados y analizados por esos técnicos».

«Es absolutamente trascendental, porque si se confirma lo señalado por el Seprona, ya no nos encontraríamos ante una situación de peligro abstracto para el medio ambiente, sino frente a la situación de grave riesgo para la salud recogida en el último párrafo del artículo 325 del Código Penal», concluye el fiscal.

Asimismo, el Ministerio Público rebate las alusiones del auto del juzgado respecto a la intervención de la Comunidad Autónoma en este asunto, en lo relativo a la contratación y adjudicación del traslado de los «estériles» desde el antiguo solar de la Balsa Jenny, que ahora es de su propiedad, a Los Blancos. El fiscal afirma que el juez «viene a enmendar la plana a la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ (Tribunal Superior de Justicia)», lo que califica de «inaudito», por utilizar una sentencia que exculpó a la Administración regional para dar «su opinión» sobre el asunto y señalar supuestas «irregularidades» de la Comunidad. Cita la frase del magistrado según la cual pudo existir cierto trato de favor desde la Administración a Portmán Golf».

Respecto al traslado de los residuos mineros a Los Blancos y la falta de sellado de este vertedero desde 2006 a 2013, cuando el Seprona denunció su ausencia de impermeabilización, el Juzgado de Instrucción 7 de Murcia archivó el año pasado la causa abierta contra varios funcionarios y una antigua responsable política de la Consejería de Medio Ambiente. Fue una pieza separada de la causa del Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena donde tras una toma de declaraciones ni la Fiscalía ni el juez hallaron indicios de delito.

Otra pieza separada está siendo analizada por el Juzgado de Instrucción 2 de Cartagena, y guarda relación con la situación de la antigua parcela de la Balsa Jenny, situada a pocos metros de las viviendas de Llano del Beal. La Comunidad llevó a cabo en los dos últimos años obras urgentes ordenadas por el juez Sánchez Conesa para atajar la contaminación de parcelas, ramblas, el acuífero y el Mar Menor por escorrentías y arrastre de polvo tóxico. El magistrado buscó proteger la salud de los vecinos de la diputación del Beal, si bien el Seprona emitió un informe en el que advirtió de que las obras realizadas por la Consejería de Medio Ambiente estaban mal ejecutadas e incluso habían agravado el problema.