Terrenos de El Hondón, abandonados desde 2001. Antonio Gil / AGM

La Fiscalía intentará depurar responsabilidades por la contaminación de El Hondón

José Luis Díaz Manzanera, fiscal superior de la Región, vuelve a abrir su departamento de Medio Ambiente para reabrir una investigación que fue archivada en 2016

EFE

Cartagena

Martes, 30 de octubre 2018, 12:16

El fiscal superior de la Región de Murcia, José Luís Díaz Manzanera, aseguró este martes que la investigación judicial sobre la contaminación de El Hondón, que vuelve a abrir su departamento de Medio Ambiente, tendrá como «caballo de batalla» determinar los posibles responsables y, en caso de que se avance en ella, evaluar si hay una prescripción de la acción delictiva.

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En declaraciones a los medios tras presentar la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma 2018 ante diputados de la Asamblea Regional, Díaz Manzanera concretó que el fiscal de Medio Ambiente reabra la investigación, que fue archivada en 2016 por no haber elementos suficientes para seguir la instrucción, tras la comunicación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que determina que El Hondón está contaminado y tiene radiactividad.

Potasas y Derivados, propiedad de Ercros, cesó su actividad a principios del siglo, quedando la propiedad de la mayor parte de los terrenos en la actualidad en manos del Ayuntamiento de Cartagena y la promotora de suelo Reyal Urbis.

Por ello, desveló que la Fiscalía abre diligencias para pedir al CSN la información y determinar si tiene «más gravedad» hacia la salud y el medio ambiente que en el momento en el que se archivó la investigación previa y, una vez recibida la documentación, estudiar si es necesario acometer nuevos peritajes.

Díaz Manzanera concretó que su departamento tendrá en cuenta si se puede extender la investigación a los terrenos de Zincsa y Peñarroya, tal y como piden las organizaciones vecinales, pero matizó que esta ampliación dependerá de si forma parte de la «misma conducta y área de influencia» que en el caso de El Hondón.

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Igualmente, apuntó que para que avance la investigación tiene que haber indicios razonables de que hay un «delito grave» contra el ecosistema o contra la salud de las personas. Además, Díaz Manzanera apuntó que también se determinará si hay relevancia «penal» en si hay un «libre acceso» a estos terrenos.

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