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«Queremos tener el proyecto de descontaminación cuanto antes», dijo este jueves el director general de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, Juan Antonio Mata, acerca de los terrenos industriales de El Hondón, en Cartagena. Tras mantener una reunión con el grupo de expertos en Suelos Contaminados de la Universidad de Murcia (UMU), el alto cargo evitó dar plazos, pero garantizó el máximo compromiso de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento de Cartagena para descontaminar de manera subsidiaria las 108 hectáreas de terreno de la zona este del casco urbano que la compañía química Ercros se niega a recuperar tal y como le exigen ambas administraciones.
La reunión con los científicos de la UMU, celebrada en el Palacio Consistorial, permitirá a la Comunidad realizar un análisis previo sobre la situación exacta ambiental del más del millón de metros cuadrados comprendidos entre la carretera de La Unión, la autovía de Murcia y la barriada de la Media Legua. Se trata de suelos afectados durante décadas por la actividad de la desaparecida fábrica de abonos y fertilizantes. Para el próximo día 30, Mata, el concejal de Urbanismo de Cartagena, Diego Ortega, y técnicos de las dos administraciones mantendrán otra reunión con expertos en suelos contaminados de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).
El primer objetivo es determinar si ya disponen de todos los estudios de caracterización de suelos para elaborar el proyecto de descontaminación o hay que ampliar con análisis complementarios. No obstante, en las administraciones hay certeza de que los expertos universitarios que van a definir cómo se hará la descontaminación de El Hondón ya disponen de suficiente información para avanzar en la redacción del proyecto.
Los expertos de la UMU tienen experiencia en análisis de suelos con presencia de materiales radiactivos naturales, una de las contaminaciones que afectan a El Hondón. Junto con colegas de las universidades de Sevilla y Huelva participaron en la búsqueda de soluciones que en la capital onubense permitirán recuperar como pulmón verde 720 hectáreas de marismas donde también hay fosfoyesos generados por la industria de los fertilizantes.
La Comunidad Autónoma, de la mano del Ayuntamiento, asumirá la ejecución subsidiaria de la limpieza de El Hondón después de que Ercros incumpliera los plazos de presentación del proyecto técnico de descontaminación. La compañía química insiste en reducir esas tareas a una tercera parte del suelo declarado como contaminado en 2019 y con unos criterios técnicos que no autoriza la Dirección General de Medio Ambiente, que es la competente en la materia.
«Por más que ellos [por Ercros] insistan en que tienen todos los informes, no es así. La Dirección General de Medio Ambiente le pide cuatro y no los tienen», dijo Mata. El alto cargo puso en duda que una empresa que cotiza en bolsa y carece de activos en Cartagena tenga más interés en remediar la situación ambiental de El Hondón que la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento.
Sin embargo, vecinos de los barrios más cercanos a El Hondón, como el Sector Estación, San Ginés y Torreciega, se han puesto del lado de Ercros. Y han denunciado a la Comunidad justo en el momento en el que la Administración regional da un paso adelante para poner en marcha un plan cuyo desarrollo administrativo, técnico y material durará al menos cinco años, si los recursos judiciales de la compañía no suponen obstáculos. Además, han convocado una manifestación para el próximo día 24, a las siete de la tarde, que irá desde el puente de Torreciega hasta la entrada de otra antigua fábrica contaminante, Zinsa.
«Empatizamos con los vecinos, pero deben tener en cuenta que la Comunidad y el Ayuntamiento estamos para resolver ese problema», insistió Mata. Y Diego Ortega añadió que el compromiso de las administraciones es descontaminar todo el suelo.
A finales de junio acabó el plazo de tres meses que la Administración regional dio a Ercros para presentar el proyecto técnico de descontaminación. La empresa no cumplió y el director general abrió un expediente sancionador que ya está en fase de instrucción. Ercros ha pedido una ampliación del plazo para presentar alegaciones. Se enfrenta a una sanción de 570.000 euros por incumplimiento de obligaciones.
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